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Publicado 29 agosto 2016

La presidenta brasileña asegura que en su mandato ha honrado el compromiso con el pueblo, con la democracia y el estado de derecho.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aseguró este lunes que al ejercer la presidencia de la República ha respetado fielmente el compromiso que asumió frente a la nación y a las personas que la eligieron.

Durante su comparecencia ante el Senado de la República para presentar su defensa en el marco del impeachment en su contra, Rousseff destacó que siempre ha creído en la democracia como el estado de derecho, y siempre ha visto la Constitución de 1988 como una de las más grandes conquistas del pueblo brasileño, por lo que "jamás atentaría contra lo que yo creo o practicaría algún acto que sea contrario a los intereses de los que me eligieron"..

La líder de izquierda, que en 2014 fue reelecta como presidenta de Brasil por más de 54 millones de ciudadanos, defiende el respeto por la democracia y la voluntad del pueblo, además, rechaza la "injusticia de ser condenada incluso siendo inocente".

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"Al ejercer la presidencia de la República he honrado el compromiso que asumí con mi país, con la democracia y el estado de derecho. He sido intransigente en la defensa de la democracia", dijo.

Reconoció que tiene defectos como cualquier otra persona, pero entre ellos no está la deslealtad y cobardía, mucho menos la traición con los que luchan a su lado.

Dilma recordó que por muchos años sufrió la prisión, "ví a compañeros morir, yo tenía miedo de la muerte pero nunca cedí y resistí, no dejé de lado nada a pesar de recibir el peso de la injusticia sobre mis hombros”.

Destacó que pese a todas esas vicisitudes luchó por una sociedad libre de perjuicios y humillaciones, “por un Brasil soberano donde existiera la equidad y justicia”. Ante el logro de estos valores en su mandato, Rousseff enfatizó que frente a las acusaciones que se le hacen “no puedo dejar de sentir la injusticia y es por eso que igual que en el pasado estoy resistiendo”.

Dejó claro que su lucha no es por su cargo o apego al poder, sino por la democracia, la verdad y justicia. “Lucho por mi pueblo y su bienestar”.

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“Las acusaciones que me dirigen son meros pretextos que tienen en su base retórica juridica”.

En su discurso de defensa, comentó que tiene la consciencia totalmente tranquila y es por eso que asiste personalmente al Senado para darle la cara a quienes la juzgaron por crímenes que no cometió .

La mandataria separada dijo que ha quedado claro la parcialidad y la trama de quienes la señalan que no son más que pretextos para derrumbar a un Gobierno legítimo, para hacer viable un golpe a la Constitución.

Durante su comparecencia recalcó que lo que está en juego no es solo su mandato, sino el respeto a la voluntad soberana, las conquistas de los últimos 13 años, la clase media, la clase mas pobre, los jóvenes que pudieron llegar a las universidades, la inversión de obras... Lo que esta en juego es la voluntad del pueblo y el futuro del país.

Agregó que el verdadero resultado de todo este proceso será: más pobreza, más mortalidad infantil y la decadencia de los pequeños municipios de la nación.

 

Inconstitucionalidad del proceso

A lo largo de su defensa, Rousseff destacó la insconstitucionalidad del proceso en su contra y alegó que se trata de una maniobra política por no haber cedido a las amenazas del entonces jefe del Parlamento de Brasil, Eduardo Cunha, quien le exigió evitar el voto en su contra en el Consejo de Ética por parte del Partido de los Trabajadores (PT), para no enfrentar un Impeachment. 

"Buscaron cualquier vértice para sus deseos golpistas y crearon una situación con apoyo de los medios de comunicación para contrariar los resultados electorales. Como llegó a reconocer Cunha, que buscaba que yo intercediera en su proceso y yo nunca en mi vida he aceptado amenazas y chantajes. Por no haberme plegado a estos chantajes, ahí se motivó la denuncia y se abrió el proceso por el que estoy pasando", sostuvo.

Advirtió que, de haber sido cómplice de la propuesta de Cunha, "yo tal vez no correría el riesgo de ser condenada injustamente". 

"Este juciio se hace a costa del Estado brasileño, esa persona que apoye esto va a pagar delante de la historia el compromiso de su ética. Yo me siento orgullosa, yo no me he enriquecido en el ejercicio de cargos públicos (...) no tengo cuentas en el exterior, siempre he actuado con probidad (...) Seré juzgada por crímenes que no cometí", mencionó.

Ruptura del orden democrático

"Estamos a un paso de una gran ruptura del orden constitucional, a un paso de concretar un verdadero golpe de Estado", dijo la mandataria, haciendo alusión a esta última etapa de juicio político. 

Defendió que ha demostrado a lo largo del proceso que siguió todas las normas, reglas, metas, autorizaciones y previsiones pertinentes, por lo que las acusaciones siguen siendo a su parecer "infundadas". 

"Los resultados fiscales negativos son consecuencia de la desaceleración económica. Esconden la crisis de 2015, en 2015 tuvimos una caída del ingreso a lo largo del año de 180 mil millones menos, que no estaban previstos en la ley presupuestaria y tuvimos la mayor contingencia de la historia", precisó. 

Dijo que ante la situación debió de inmediato haber realizado una nueva contigencia, pero no lo hizo, basado en el respeto al pueblo. "La responsabilidad con la población justifica la decisión, si nosotros hubiesemos aplicado en julio la contigencia propuesta por los acusadores, se habría recortado 96 por ciento de los recursos disponibles para los gastos de la Unión, un recorte importante", agregó.

Argumentó que en 2015, para efectos fiscales, se habría acabado en julio. "Me quieren condenar por firmar decretos que atendían las demandas de la población y diversos organismos, incluso del Poder Judicial (...) me quieren acusar de decretos que no implicaron en gasto de un centavo más", dijo.

"Actué de forma preventiva, solicité al congreso para esos pagos y saldamos las deudas existentes. No existe ningún acto ilícito, yo no actué de forma dolosa, las decisiones fueron tomadas por la población, no realicé ningún acto en contra del patrimonio público", aseveró Rousseff. 

Quieren someterme a la pena de muerte política 

"Tengo un compromiso que no voy a eludir (...) nuestro pueblo realmente desbordó en la lucha contra el golpe. No cometí ningún crimen de responsabilidad, las acusaciones son injustas y no tienen lugar. Eliminar mi mandato es como someterme a la pena de muerte política", subrayó la presidenta. 

La mandataria separada de sus funciones dijo que no guarda rencor por aquellos que votaron contra su destitución y mencionó tener mucho aprecio por aquellos que la consideraron absuelta. 

"Solo quiero decirles que en un régimen presidencial, una condena política exige que courra un crimen de responsabilidad y que sea cometido dolosamente y cabalmente. Esto sentará precedentes terribles para otros líderes electos... condena a una inocente sin pruebas, ese es el precedente", refirió.

Finalizó su intervención pidiendo al pleno que no acepten un golpe que va a agravar la crisis brasileña: "Voten sin resentimiento (...) voten por la democracia". 

Junto al expresidente brasileño Lula da Silva y algunos asesores, Rousseff se preparó para defenderse contra las acusaciones que pesan en su contra: alteraciones en el presupuesto del Estado sin permiso del Congreso y peticiones de créditos a bancos públicos.
El resultado final del impeachment se conocerá entre el martes 29 y miércoles 30 de agosto. De proceder la destitución, Michel Temer sería confirmado como presidente el resto del mandato hasta el 2018.

 

>>PT de Brasil señala al senado de inmoral en impeachment a Dilma Rousseff

EN CONTEXTO

Dilma Rousseff fue separada de su cargo el pasado 12 de mayo, después de que el senado de Brasil admitiera una demanda presentada en su contra por la emisión de tres decretos de suplementación presupuestaria y las llamadas "pedaladas fiscales".

Desde que se inició el proceso, la defensa de la mandataria y sus seguidores han denunciado que se trata de un golpe de Estado que se desarrolla bajo la figura de juicio político.

De ser considerada culpable tras la votación del pleno del Senado, Rousseff será separada de su cargo definitivamente e inhabilitada por un período de 8 años.

Si obtiene el apoyo de 54 de los 81 senadores, la presidenta podrá volver a su cargo hasta el final de su mandato en diciembre de 2018.


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