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El hermano del exgobernador ocupó diversos cargos públicos en Guerrero

El hermano del exgobernador ocupó diversos cargos públicos en Guerrero | Foto: PGR

Publicado 18 febrero 2015



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Otros ocho detenidos también enfrentarán proceso penal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México impuso este miércoles, auto de formal prisión a Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por el presunto lavado de dinero de 287 millones de pesos (casi 20 millones de dólares) relacionados con fondos federales del estado de Guerrero.

A través de un comunicado emitido por la Procuraduría General de la República (PGR) se dio a conocer que por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita también son procesados Luis Ángel Aguirre Pérez, sobrino del exmandatario, Víctor Felipe Hughes Acosta, Paulo Ignacio Hughes Acosta, Alejandro Carlos Hughes Acosta, Henry Paul Hughes Alcocer, Mauricio Francisco Hughes Acosta y Jorge Eduardo Hughes Acosta.

EL DATO: El hermano del exgobernador ocupó diversos cargos públicos en ese estado y federales, fue Coordinador Ejecutivo del Gobierno de Guerrero en 2012 y fue acusado del desalojo de la Autopista del Sol que dejó dos normalistas de Ayotzinapa muertos.

El pasado martes, el juzgado sujetó a proceso al exsubsecretario de Finanzas y Administración del gobierno de Guerrero, Víctor Ignacio Hughes.

Entre el pasado lunes y martes, también se dictó auto de formal prisión en contra de otras ocho personas relacionadas en el caso, por lo que los nueve  implicados en el caso hasta ahora, ya enfrentan un juicio penal.

Los enjuiciados se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, México.

En contexto
Los familiares y exfuncionarios de Ángel Aguirre fueron detenidos en Acapulco y Chilpancingo por elementos de la Policía Federal, en coordinación con las secretarías de Marina-Armada de México y de la Defensa Nacional, por desviar a sus cuentas bancarias personales los recursos que recibían de los gobiernos local y federal a través de varias empresas.

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