La Fiscalía de Colombia anunció que fueron detenidos cuatro servidores públicos el pasado 28 de julio por presunta red de corrupción en la Fiscalía de Cartagena. Los delitos que se les imputarán son concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrece, cohecho propio y conclusión.
La Fiscalía afirmó que esta red negociaba libertades, detenciones domiciliarias, preacuerdos con grandes rebajas de pena, entre otras, a cambio de altas sumas de dinero. Las organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas de toda la nación han denunciado la persecución a la que son sujetos desde el mismo 22 de marzo, según ellos, por manifestar sus reclamos.
Capturados en #Cartagena en #OperaciónPiezaClave son 4 servidores públicos, 2 exservidores y 3 particulares; delinquían en #Fiscalía
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 28 de julio de 2017
Estas organizaciones publicaron un comunicado en el que declaran que han "denunciado insistentemente que este proceso se encuentra minado de irregularidades por lo cual se hace sorprendente y sumamente sospechoso que logre prosperar y mantenerse".
La defensa de los líderes sociales solicitó al juez de segunda instancia que se investigara a la Fiscal María Bernarda Puentes, a los miembros de la policía judicial y a otros funcionarios que posiblemente hayan participado en el fraude procesal y concierto para delinquir en contra de la lideresa Milena Quiroz y los demás líderes sociales.
La Fiscal Puentes López fue quien, el pasado 22 de marzo, ordenó la captura de pobladores y líderes sociales en el Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, y solicitó la medida de aseguramiento con componente de destierro en contra de Quiroz, comunicadora popular y Vocera de la Comisión de Interlocución de esta región.
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Los representantes de estas organizaciones también denunciaron que la Fiscalía General de la Nación hizo uso del sistema penal para perseguir y encarcelar a los integrantes del movimiento social para favorecer los intereses de grupos paramilitares y funcionarios corruptos.