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La situación de desacato se mantiene en el ente legislativo venezolano hasta la actualidad.

La situación de desacato se mantiene en el ente legislativo venezolano hasta la actualidad. | Foto: EFE

Publicado 18 julio 2017

La medida de la Asamblea Nacional (de mayoría opositora) de nombrar nuevos magistrados "usurpa funciones de autoridades públicas y legitima la conformación de órganos paralelos a los establecidos por el Estado", aseveró el Consejo Moral Republicano.

El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional (AN) presentó este martes la designación de 33 nuevos magistrados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quienes serán juramentados el próximo viernes 21 de julio en una sesión.

Sin embargo, el contralor general de la República, Manuel Galindo, explicó que la Asamblea Nacional no puede designar de forma inconstitucional magistrados para el TSJ porque es extemporáneo, debido a que los períodos de ejercicio de los actuales magistrados no se han vencido.

Galindo indicó que el 16 de diciembre de 2015 se designaron los actuales magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el 21 de enero de 2016 se ratificó la designación en una sesión del Consejo Moral Republicano.

"Ellos en días pasados presentaron un listado de aproximadamente 90 candidatos que nosotros analizamos en el seno del Consejo Moral Republicano (CMR) y le dimos la repuesta oportuna a la Asamblea Nacional, manifestándole sobre todo de la extemporaneidad, porque no se ha vencido el periodo de los actuales magistrados", dijo Galindo este martes al canal estatal Venezolana de Televisión.

El contralor general advirtió que el Parlamento pretende constituir un poder paralelo mediante la designación de magistrados al TSJ. Una acción que aseguró, puede traer sanciones penales, civiles y administrativas, según los artículos 138 y 139 de la Constitución "porque estarían poniendo a estas personas designadas en el papel flagrante de usurpación de poder".

También el Consejo Moral Republicano, órgano rector del Poder Ciudadano de Venezuela, rechazó la pretensión de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, de designar magistrados, por considerarla "una acción que violenta los cimientos de las instituciones democráticas venezolanas".

En un comunicado, los representantes del Poder Ciudadano aseguraron que esta medida perturba el orden y alienta la intervención extranjera.

Asimismo, indicaron que la pretensión de la oposición parlamentaria de nombras nuevos magistrados va contra el marco legal referido en los artículos 2 y 7 de la Constitución, relativos a los valores supremos del Estado.

Además, consideran que la medida "usurpa funciones de autoridades públicas y legitima la conformación de órganos paralelos a los establecidos por el Estado ocasionando daños irreparables en la República".

Sumado a esto, la actual Asamblea Nacional se encuentra en desacato desde el 5 de enero de 2016 por no acatar la sentencia del TSJ que pedía desincorporar a tres diputados de Amazonas, por presentar irregularidades de votos durante su elección el 6 de diciembre de 2015. Esta medida hace que todas las acciones del Parlamento sean nulas.

¿Cómo inició la polémica de los magistrados?

En junio pasado, la fiscal general Luisa Ortega Díaz acudió al Tribunal Supremo de Justicia para impugnar la designación de 13 magistrados principales y 20 suplentes de ese órgano judicial. Alegó que el acta donde se realizó la segunda preselección para elegir a los jueces no estuvo firmada por ella ni por la secretaria del Consejo Moral Republicano.

Sin embargo, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab mostró el acta emitida en la reunión del 21 de diciembre de 2015, con la lista de los magistrados pre-seleccionados, que tiene las firmas de la fiscal y de la secretaria del Consejo Moral Republicano.

Saab aclaró que la fiscal Ortega Díaz participó en la reunión del 16 de diciembre de 2015 en la sede del Consejo Moral, en la que no hubo votos en contra ni divisiones sobre la lista de pre-seleccionados a magistrados, pero sí cometieron el error de no firmar el acta emitida. Sin embargo, esto fue subsanado en la reunión del 21 de diciembre, cuya acta sí fue firmada. 

Actualmente, la fiscal general es acusada de atentar contra la respetabilidad del Consejo Moral Republicano y de la supuesta comisión de faltas graves durante su gestión ante esa instancia del Poder Ciudadano. Ortega no asistió a la audiencia oral y pública de antejuicio de mérito pautada para el 4 de julio.


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