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Publicado 7 enero 2016

Pese a que los diputados no ejercieron el derecho al voto en el Parlamento, de igual forma fueron juramentados y fueron participes del acto protocolar. 

La juramentación como diputados de los tres candidatos de la derecha venezolana, a pesar de las medidas cautelares emitidas en su contra por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ese país, constituyen una confrontación con ese poder constitucional. 

Así lo señaló el diputado reelecto por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien advirtió que la bancada opositora entra en un “desacato flagrante sobre una decisión del TSJ” lo que trae como consecuencia el conflicto de poderes “que habían previsto”, dijo. 

Cabello advirtió que la juramentación de los tres candidatos opositores constituye un acto de nulidad, que deja sin efecto cualquier decisión que se tome en el nuevo Parlamento. 

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Artículo 136. de la Constitución en Venezuela: 

El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.

Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado.

“No podrán enviar nada para que se publique en Gaceta Oficial, porque es nulo totalmente”, aseguró. 

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El actual presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup expresó que Cabello “puede decir lo que quiera” sin embargo, no respondió si constituye un hecho ilegal la juramentación de los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), vinculados a una serie de sobornos para obtener el triunfo el pasado 6 de diciembre en los comicios legislativos. 

EL DATO

Desde 2 mil bolívares a cajas de licor ofrecían los miembros de la Gobernación de Amazonas, representada por el opositor, Liborio Guarulla, para verificar el voto por candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la cual conglomera a los principales partidos de derecha en Venezuela. 

Cabe recordar, que durante la instalación de la Asamblea Nacional, Ramos Allup, expresó que  “en el máximo Tribunal ya no hay jurisprudencia, sino jurisimprudencia. Eso hay que revisarlo, que no se ufanen, no terminen por creer la sala Constitucional que es una especie de poder Legislativo alterno”, pese a que todos los poderes en Venezuela gozan de autonomía. 

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El Jefe de la Fracción de la Patria y diputado por el PSUV, Héctor Rodríguez, adelantó que los parlamentarios de la derecha “tendrá que asumir las consecuencias jurídicas” tras la juramentación asimismo, el también diputado por el mismo partido, Elías Jaua aseveró que el hecho forma parte del plan “La Salida”, con el que se busca el derrocamiento del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. 

El exmagistrado, Luis Martínez aseguró que la  “juramentación configura el desacato y un vicio de nulidad absoluta” que traerá un conflicto de poderes en Venezuela. 

Decisiones de la AN estarían viciadas por el desacato

Durante una entrevista concedida a teleSUR, Martínez señaló que los parlamentarios de oposición no entendieron que la orden emitida por el TSJ forman parte de amparo de naturaleza cautelar que no incide sobre el fondo del tema”. 

Además, argumentó que cuando hay decisiones administrativas o de cualquier tipo, afectan a terceras personas, se pueden impugnar las mismas a través del órgano judicial. 

A su juicio, “la nueva directiva no puede desacatar una orden del poder judicial, sobre todo en este momento de coyuntura”.

Destacó que la AN venezolana pueden ser apelada por el órgano judicial, dado que es un poder “irregularmente constituido” además, las decisiones que en ella se tomen “estarán viciadas de nulidad absoluta”. 

Sobre qué consecuencias traerá la juramentación, Martínez indicó que lo que se puede esperar es que el TSJ declare nulo el acto de este miércoles. 

Se estima que esta semana el TSJ se pronunciará en torno sobre el desacato de las suspensiones temporales por parte de la Asamblea. 

En contexto 

Julio Haron Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzama son los diputados opositores, suspendidos de forma temporal por la Sala Electoral del TSJ, tras recibir una demanda en la que se les acusa de estar vinculados a la entrega de sobornos, con el objetivo de obtener la victoria en los comicios legislativos del pasado 6 de diciembre de 2015, en el estado Amazonas (sur de Venezuela), tras recibir una serie de escuchas en la que se vio involucrada la secrataria de Gobernación, Victoria Franchi. 
La medida cautelar del TSJ ordena la “suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena en el proceso electoral” del 6 de diciembre de 2015. 

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