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El informe "Mecanismos de despojo. Tres pueblos indígenas y campesinos ante la injusticia" expone el impacto en la comunidad otomí de la construcción de la autopista Toluca- Naucalpan.

El informe "Mecanismos de despojo. Tres pueblos indígenas y campesinos ante la injusticia" expone el impacto en la comunidad otomí de la construcción de la autopista Toluca- Naucalpan. | Foto: @INALIMEXICO

Publicado 12 noviembre 2017

Exigen al Gobierno mexicano fortalecer la legislación agraria y obligar a las empresas a respetar los fallos judiciales en favor de las comunidades indígenas. 

Autoridades mexicanas ignoran las resoluciones judiciales que protegen a los pueblos y ejercen el poder de forma abusiva al avanzar en la construcción de megaproyectos sin prever las consecuencias para las comunidades, aseguró la exfuncionaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Isabel Madariaga.

Señaló que a los pueblos indígenas afectados no se les reconoce el derecho a la libre          determinación y no son consultados de manera libre e informada, como lo demandan las normas internacionales y la Constitución. 

Fuente: Desinformémonos

"El Gobierno mexicano está a tiempo de tomar medidas simples pero cruciales para atender y reparar la situación en las comunidades mayas de Campeche y la comunidad otomí, también debería considerar medidas de fondo para prevenir nuevas injusticias contra tantas otras comunidades amenazadas por la imposición de megaproyectos", dijo la consultora independiente en derechos humanos.

La reacción de Madariaga surge luego de conocer el informe "Mecanismos de despojo. Tres pueblos indígenas y campesinos ante la injusticia", en el que estudiaron los impactos por la construcción de la autopista Toluca- Naucalpan sobre la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, en Estado de México y la del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en San Salvador Atenco, en el Estado de México, así como la siembra de soya transgénica en las comunidades mayas del estado de Campeche. 

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Las medidas del Gobierno mexicano deberían fortalecer la legislación agraria, obligar a los funcionarios públicos y a las empresas a respetar los fallos judiciales a favor de los pueblos y comunidades.

El informe fue entregado tanto a la Relatora de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y al subsecretario de DD.HH., Roberto Campa, así como al Gobierno mexicano. 


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