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El Presidente de Bolivia expresó su deseo de que el informe contribuya a que lo sucedido en esa nación durante el golpe de Estado no ocurra nunca más allí y en ningún otro país.

El Presidente de Bolivia expresó su deseo de que el informe contribuya a que lo sucedido en esa nación durante el golpe de Estado no ocurra nunca más allí y en ningún otro país. | Foto: @LuchoXBolivia

Publicado 17 agosto 2021



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El presidente Luis Arce recibió el informe y anunció acciones de su Gobierno para reparar a las víctimas y hacer justicia. 

El presidente de Bolivia, Luis Arce, destacó este martes que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ratifica que en el golpe de Estado de 2019 hubo graves violaciones a los derechos humanos (DD.HH.), se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del Gobierno de facto.

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Durante un acto celebrado en el Auditorio del Banco Central, el jefe de Estado subrayó el compromiso de su Gobierno con buscar la verdad histórica y hacer justicia en el caso de las víctimas de hechos de violencia y vulneraciones de DD.HH. ocurridos en ese país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Arce recibió el informe elaborado por el GIEI sobre esos hechos, donde se documentan ampliamente las violaciones (en las que murieron 38 personas y varios centenares fueron heridas) y se formulan más de 30 recomendaciones.

Agradeció a expertos del GIEI por su contribución a la verdad, y reiteró que se hará justicia de acuerdo al ordenamiento legal y el debido proceso. Expresó que su Gobierno asume el compromiso de implementar las recomendaciones.

Al respecto, anunció la creación de una comisión al más alto nivel para realizar un censo de las víctimas y proceder a su reparación integral. Refirió que se derogará el Decreto Supremo 4461, lo cual permitirá juzgar a efectivos de las fuerzas de seguridad involucrados en los hechos.

El líder boliviano agregó que, siguiendo la sugerencia del GIEI, se va a desestructurar toda  organización parapolicial y grupos irregulares creados como fuerzas de represión paralelas al Estado, que en las jornadas del golpe de Estado actuaron como grupo de choque para reprimir las protestas.

También instó al Ministerio Público a implementar las acciones que se recomiendan en el Informe del GIEI, y en el caso de la Asamblea Legislativa, a aprobar en el menor plazo posible el juicio de responsabilidades para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones de estas graves violaciones de DD.HH.

El informe del GIEI fue entregado al presidente Arce por una integrante del grupo, Patricia Tappatá Valdez. Previamente, la experta leyó un resumen de los resultados de su investigación.

Sseñaló que los integrantes del GIEI no dudan en calificar como masacres los graves incidentes de represión ocurridos en Sacaba y Senkata. Instó al Estado boliviano a garantizar justicia a todas las víctimas, y priorizar los casos de violencia sexual y basada en género.

Además, solicitó no ver el documento como la foto de un tiempo pasado, sino como el umbral de actitudes que no se deben tolerar, y propuso que el Estado boliviano disponga de un mecanismo para controlar la implementación de las recomendaciones.

La investigación de los expertos internacionales el GIE abarcó ocho meses, durante los cuales entrevistaron a 400 personas y analizaron una cifra superior a los 120.000 expedientes. También escucharon testimonios de organizaciones sociales y de testigos de los hechos de violencia e instituciones. Sus resultados se socializarán en varios departamentos bolivianos hasta el 21 de agosto.

Durante el acto de presentación del informe también intervinieron Gregoria Siles Villaroel y Gloria Quisbert Ticona, que forman parte de las asociaciones de víctimas de las masacres de Sacaba (Chapare, 15 de noviembre) y Senkata (El Alto, 19 de noviembre), respetivamente. Ambas lideresas brindaron sentidos testimonios de aquellos hechos y recordaron que exigen justicia, no venganza.


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