El Senado mexicano aprobó este martes elevar a 40 años de prisión la pena para quien realice, fomente o financie el terrorismo en México, informaron fuentes legislativas. La propuesta fue presentada por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto en junio de 2013.
La iniciativa recibió el visto bueno del Senado con 83 votos a favor, cero en contra y 22 abstenciones, luego de que fuera avalada por la Cámara de Diputados el pasado mes de diciembre.
Las sanciones podrían aumentar en un 50 por ciento para quienes atenten contra edificios, vehículos y demás bienes públicos, instalaciones de órganos internacionales o representaciones de Gobiernos extranjeros, así como por actos que impliquen la toma de rehenes.
De acuerdo con la iniciativa, que ya fue enviada al Ejecutivo para su promulgación, el uso de sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, además de material radiactivo o nuclear en acciones que atenten contra la seguridad nacional también se considerará un acto terrorista.
"(Se castigará a quien) intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación", señaló el dictamen aprobado.
Los cambios se aplicarán a los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales y Fiscal de la Federación, así como a las leyes federales contra la Delincuencia Organizada y de Extinción de Dominio
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Roberto Gil Zuarth, explicó en tribuna que con los nuevos ordenamientos "México atenderá tres recomendaciones del Mecanismo Internacional, dependiente de la Organización de Naciones Unidas, en materia de combate al terrorismo (GAFI), que se reunirá esta misma semana para evaluar las acciones de nuestro país en la materia".
De acuerdo con el dictamen aprobado, también se castigará a quienes adquieran, administren, reciban o transporten dentro del territorio nacional y hacia el extranjero, o viceversa, recursos o bienes procedentes de actividades ilícitas.