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Rafael Correa llamó a la comunidad internacional solidaridad con Morales (Foto: Archivo)

Rafael Correa llamó a la comunidad internacional solidaridad con Morales (Foto: Archivo)

Publicado 12 marzo 2014

La Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) de México publicó este miércoles en el Diario Oficial un acuerdo por el que crea la fiscalía especial para el combate a la corrupción, organismo que entrará en vigor en el momento en que el Senado nombre al titular del organismo, de acuerdo con la reforma en materia político-electoral promulgada en enero pasado.

La nueva fiscalía dependerá del procurador general y su objetivo será investigar y perseguir los delitos "relacionados con hechos de corrupción de competencia federal" y otros cometidos por servidores públicos en el desempeño de sus funciones, y aclara que esta institución no intervendrá en delitos en que los servidores públicos se involucren con la delincuencia organizada o asuntos electorales, que estarán en manos de unidades especializadas.

Entre los delitos incluidos están el enriquecimiento ilícito, cohecho a servidores públicos nacionales y extranjeros, peculado, tráfico de influencia, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y delitos contra la administración de justicia.

El decreto de la reforma político-electoral, publicado el 10 de febrero pasado, estableció que la PGR pasará a llamarse Fiscalía General de la República y contará con varias unidades administrativas, incluida la fiscalía anticorrupción.

Ante la creación de la nueva Fiscalía, las denuncias y averiguaciones previas relativas a delitos relacionados con hechos de corrupción, así como cualquier otro delito cometido por un servidor público federal en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, que hayan sido presentadas o iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo deberán remitirse a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción en un término no mayor a treinta días naturales, contado a partir del inicio de la vigencia del presente Acuerdo.

Según el presidente de la ONG Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles, el costo que representa la corrupción para el país oscila entre el 2 por ciento y el 8 por ciento del producto interno bruto (PIB), dependiendo del tipo de estudio.

Si se toma un promedio del 5 por ciento, equivale a lo que México gasta en educación, señaló el experto recientemente, al explicar que ese costo incluye recursos públicos para obras que van a bolsillos privados e inversiones ahuyentadas que impactan en la generación de empleo y bienestar.


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