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La medida tendrá una vigencia de seis meses.

La medida tendrá una vigencia de seis meses. | Foto: Clarin

Publicado 15 diciembre 2016

El juez Bonadío removió a Máximo Kirchner del cargo de administrador de la sucesión de Néstor Kirchner.

La Justicia argentina dispuso este jueves la intervención de la sociedad inmobiliaria "Los Sauces", propiedad de la familia Kirchner, en el marco de una investigación sobre los supuestos negocios irregulares con empresarios ligados a la obra pública durante el kirchnerismo.

Tanto la intervención de la empresa dedicada al alquiler de inmuebles como la sucesión del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) estuvo a cargo del juez federal argentino Claudio Bonadío.

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Bajo esta medida el magistrado argentino aparta al hijo del expresidente y de la exmandataria Cristina Fernández (2007-2015), Máximo Kirchner, de la administración de la sociedad, cargo que desempeñaba en la sucesión de su padre.

Bonadío además designó "interventores administradores" en el Grupo Indalo, Indalo Media, Grupo Baez, Idea SA y Negocios Patagónicos SA. para que informen cualquier transferencia entre estas compañías y la sociedad Los Sauces.

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Bonadío indicó mediante una resolución que la decisión está sostenida en que "las irregularidades detectadas dan cuenta de que podrían haberse llevado a cabo maniobras ilícitas que estarían relacionadas con el lavado de activos de origen delictivo, cohecho, omisión de información en las declaraciones juradas de la sociedad, falsificación de documentos públicos, entre otras".

La mediada surgió tras una denuncia presentada el pasado abril por la diputada Margarita Stolbizer contra la expresidenta y sus hijos por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos relacionados con negocios irregulares con empresarios de la construcción.

La exmandataria Cristina Fernández de Kirchner ha denunciado en repetidas ocasiones que es víctima de una persecución política por parte del gobierno de Mauricio Macri por supuesto enriquecimiento ilícito. Las acciones de Macri resultan incongruentes pues el jefe de Estado tiene cuentas bancarias en paraísos fiscales y acaba de aprobar una ley de blanqueo de activos para el beneficio de funcionarios públicos y sus familiares.


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