El 6 de agosto de 2014 ocurrió el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, ubicados en el estado de Sonora (norte de México) y afectó a más de 24 mil personas. La empresa Buenavista del Cobre -filial de Grupo México- fue la responsable del peor desastre ambiental de la industria minera de ese país.
A un año de la tragedia ambiental, nada ha cambiado. El programa de remediación del río no se ha cumplido y tampoco se ha brindado la atención médica adecuada a la población afectada, según denuncias de asociaciones civiles.
Enfermedades estomacales, llagas en la piel y caída del cabello son algunas de las secuelas que padecen las personas que estuvieron expuestas al agua contaminada con sulfato de cobre.
Pobladores de los siete municipios afectados por el derrame (Ures, Arizpe, Baviácora, Aconchi, Banámichi, Huépac y San Felipe de Jesús) se agruparon en Consejos de Cuenca y, con la asesoría de la asociación civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), presentaron cinco juicios de amparo contra Grupo México y dependencias del gobierno federal.
En esas demandas, los ciudadanos exigieron la reparación del daño de manera integral y, además, solicitaron que garanticen su participación en la limpieza y saneamiento del río Sonora.
La investigadora de Poder, Julieta Lamberti, explicó que el programa de remediación ambiental, dividido en cinco zonas, aún está en su fase de evaluación y no ha sido aprobado. “El Grupo México ha estado mintiendo constantemente a la opinión pública acerca de que el problema ya está solucionado y el río está limpio”, denunció.
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Poder también halló que el derrame fue negligencia de Grupo México, y de acuerdo con la investigación, el desastre ambiental no fue consecuencia de las fuertes lluvias como afirmó la empresa.
La Comisión Presidencial para la Atención Inmediata y Permanente de la población informó recientemente que el Fideicomiso autorizó un total de mil 204 millones de pesos (unos 74 millones de dólares). No obstante, integrantes de los Comités de la Cuenca del Río Sonora, agrupación de pobladores afectados por el derrame, pidieron transparencia sobre el uso de estos recursos administrados por el gobierno federal.
El integrante de la organización, Francisco Miranda, manifestó que algunos alcaldes recibieron dinero y no han especificado en qué lo usaron. “Nos dijeron que parte del capital (del fondo) se aplicó en la reparación de pozos de agua que estaban contaminados, cuando el plan original era la construcción de nuevos pozos”.
Por su parte, el agricultor afectado e integrante de estos comités, Adolfo López, explicó que a los granjeros les iban a pagar 10 mil pesos por hectárea afectada por el derrame de Grupo México, pero esto no ha sucedido.
El representante de Poder, Luis Cano, exigió tomar en cuenta a la población en el plan de remediación ecológica del río Sonora, porque se desconoce la estrategia del gobierno federal con respecto al tema.
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