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El jefe de Estado aprobó un Plan Integral para atender a 408 víctimas del puntofijismo

El jefe de Estado aprobó un Plan Integral para atender a 408 víctimas del puntofijismo | Foto: Moisés Sayet

Publicado 14 marzo 2016

Este documento ratifica el compromiso de la República Bolivariana de Venezuela en materia de derechos humanos, haciendo especial énfasis en la construcción de una visión emancipadora, crítica y alternativa de los derechos humanos.

La derecha venezolana y su relación con los DDHH

Hace dos años, grupos violentos de la extrema derecha venezolana empezaron a ejecutar planes golpistas en contra del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, a través de las llamadas "guarimbas", que dejaron 43 muertos.

Los extremistas exigían "La Salida", que no era más que la renuncia del jefe de Estado, ultrajando la voluntad del pueblo reflejada en las elecciones del 14 de abril de 2013, que aprobaron la continuidad de la Revolución Bolivariana iniciada por el Comandante Hugo Chávez.

"Las guarimbas" son acciones vandálicas, que implican el cierre arbitrario de calles, quema de basura, agresiones con objetos contundentes a transeúntes, alambres dispuestos a la altura del cuello y disparos que suponen el encierro de los ciudadanos en sus casas por temor a perder la vida.

En 2014 esos hechos violentos arrojaron unas 43 muertes de ciudadanos y miembros de la fuerza pública en todo el país, quienes en la mayoría de los casos recibieron disparos en el rostro por tratar de quitar las barricadas y reestablecer el orden público.

En 2004, la oposición venezolana también inició las llamadas "guarimbas" con un saldo de nueve muertos y 193 heridos. Con la derrota de Henrique Capriles en abril de 2013, por segunda vez en seis meses, se cerraron calles y grupos violentos, recorrieron varias ciudades del país incendiando centros de salud, instituciones públicas, educativas, unidades de transporte público, centros de distribución de alimentos y sedes de partidos de izquierda. Eso generó perdidas materiales por el orden de 10 mil millones de dólares.

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La derecha buscó lograr, a través de la violencia, lo que no pudo en 18 procesos electorales a través del voto popular contra la Revolución Bolivariana.

Al frente de los hechos violentos estuvieron tres políticos de la oposición venezolana: la exdiputada María Corina Machado, quien recibió financiamiento de Estados Unidos para su organización Súmate; el gobernador de Miranda (centro-norte) Henrique Capriles, que perdió una elección presidencial con Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro. 

Vale acotar que Capriles tiene antecedentes vandálicos, al atentar contra la Embajada de Cuba en los hechos del golpe de Estado de abril de 2002; y Leopoldo López, exalcalde de Chacao (al este de Caracas, Venezuela), fue otro que convocó a las protestas, con la finalidad de derrocar al gobierno legalmente constituido por mandato popular.

Los medios de comunicación de derecha, tanto nacionales como internacionales, buscan reflejar a través de la difusión de imágenes falsas que el Gobierno venezolano viola los derechos humanos. Esto se realiza con el objetivo de promover la injerencia de otros países (principalmente EE.UU.) en asuntos internos de la nación, esta que ha impulsado la integración latinoamericana, a través de organismos como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

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Las víctimas de las guarimbas continúan exigiendo justicia, mientras que la derecha promueve a través de su nueva mayoría parlamentaria una Ley de Amnistía que liberaría a quienes han perpetrado estos crímenes contra el pueblo venezolano.

La amnistía incluiría la liberación de Leopoldo López, sentenciado a trece años, nueve meses y siete días de prisión por haber sido declarado culpable en los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir.

Plan de DD.HH. promovido por el Gobierno Bolivariano

El 3 de abril de 2014, mediante el Decreto N.º 876, publicado en la Gaceta Oficial N.º 40.386, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, creó el Consejo Nacional de Derechos Humanos, con el propósito de seguir fortaleciendo la política pública del Estado venezolano en esta materia.

La Presidencia de la República puso el ejecútese del Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019, mediante el decreto 2.254, publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria numero 6.217 (Extraordinario), con fecha 2 de marzo de 2016.

La construcción de esta iniciativa es el resultado de un proceso de revisión y diagnóstico interactivo y participativo, sobre la situación de Derechos Humanos en el país, que inició en el año 2011 con la participación en el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019 contiene 213 acciones que se dividen en cinco ejes.

El primero de ellos plantea consolidar la educación y la cultura de los derechos humanos.
El segundo está orientado a fortalecer las instituciones y acercarlas al pueblo.
El tercer eje está enfocado en darle participación protagónica al pueblo y hacer uso de las bases de misiones para promover la educación en materia de derechos humanos.
El cuarto se vincula con los organismos internacionales para tratar este tema.
El quinto en fortalecer el enfoque de derechos humanos en las políticas de acción y legislación del Estado venezolano.

En febrero el presidente de la República, Nicolás Maduro, presentó al país el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019, con el que se regirá el Estado para resguardar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de la población, así como también incluye la promoción de la justicia en los casos de las desapariciones, torturas y asesinatos perpetrados por gobiernos de derecha entre 1958 y 1998.

También plantea hacer justicia con las víctimas del Golpe de Estado del 11, 12 y 13 de abril de 2002, de las guarimbas del 14 de abril de 2013 y febrero de 2014.

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El jefe de Estado aprobó un Plan Integral para atender a 408 víctimas del puntofijismo. La inversión necesaria para llevar a cabo esta acción es de 36 millones 176 mil 679 bolívares.

Se van a atender en diversas áreas como la salud, educación, cultura, vivienda y trabajo. Otro de los puntos acordados fue la aprobación de un Plan de Atención Integral para 74 víctimas directas e indirectas de las guarimbas del año 2014. Igualmente, para 132 víctimas del sicariato campesino.

Asimismo, Maduro entregó pensiones y viviendas a las víctimas de la derecha como parte de la atención integral para resarcirlas. “Estamos haciendo justicia, el Estado está cumpliendo con su papel de apoyar a las víctimas y familiares de quienes fueron masacrados, aquí estamos cumpliendo con la palabra de Hugo Chávez”.

En todas estas decisiones participaron movimientos y activistas de DD.HH. Las organizaciones de víctimas de 1958 a 1998, así como las organizaciones, defensores de Derechos Humanos de las víctimas del Golpe de Estado de 11, 12 y 13 de abril de 2002, de los hechos del 14 de abril de 2013 y febrero de 2014.

¿Quiénes conforman el Consejo Nacional de Derechos Humanos?

Aristóbulo Iztúriz, Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela y Presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos; Gustavo González López, Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Iris Varela, Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario; Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa; Delcy Rodríguez, Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores. 

Así como también, Isis Ochoa, Ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales y Alta Comisionada Presidencial para la Paz y la Vida; Tarek William Saab, Defensor del Pueblo; Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República; Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia; Susana Barreiros, Defensora Pública; María Eugenia Russián, representante de Fundalatin; Laura Roldán, representante de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe.

¿Por qué y para qué un Plan Nacional de Derechos Humanos en Venezuela?

Servirá para fortalecer la capacidad institucional, organizar programas y proyectos que garanticen una gestión integral, oportuna y efectiva del Estado, así como incorporar el enfoque de derechos humanos

a las políticas públicas, también tiene como propósito facilitar el cumplimiento de compromisos y obligaciones internacionales, incluidos aquellos asumidos en el marco del Examen Periódico Universal sobre los cuales el Estado deberá dar cuenta en el año 2016.

¿Cúales son sus principales líneas estratégicas por eje?

Eje1: Construcción de una cultura emancipadora de Derechos Humanos. Esto conlleva a promover la enseñanza sobre derechos humanos en los procesos de formación del Sistema Educativo, en todos sus niveles y modalidades.

Eje 2: Fortalecimiento de la institucionalidad para la garantía de los derechos de todas y todos. Habla sobre Incrementar el acceso de la población a los órganos y entes del Estado encargados de la promoción y protección de los derechos humanos, así como la capacidad de respuesta institucional frente a las demandas de la población.

Eje 3: Participación protagónica del pueblo para el disfrute pleno de los derechos humanos. Se refiere a acompañar al Poder Popular en los procesos de organización y acción para la promoción y defensa de los derechos humanos, en el marco de la corresponsabilidad social y la democracia participativa y protagónica.

Eje 4: Relación con los sistemas y organismos internacionales de derechos humanos, desde una visión transformadora. Busca promover el surgimiento de instancias internacionales

de derechos humanos comprometidas con una visión emancipadora, crítica y alternativa.

Eje 5: Profundización del enfoque de derechos humanos en la legislación, la política y la acción del Estado venezolano. Consiste en Reforzar el enfoque de derechos humanos en el proceso de formulación, implementación y seguimiento de las políticas públicas del Estado venezolano.

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¿Quiénes serán los encargados de la implementación y seguimiento de este plan?

Todas las instituciones del Estado venezolano deberán incorporar dentro de sus respectivos Planes Operativos, los proyectos, acciones específicas y recursos que sean necesarios para la implementación de este plan.

De igual modo, el Jefe de Estado exhortó a los órganos del Poder Ciudadano, Poder Judicial, Poder Electoral y Poder Legislativo, a adoptar las medidas respectivas para la adecuada y oportuna ejecución del Plan Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo a su ámbito de competencia.

El Presidente Maduro también invitó a las organizaciones y movimientos de derechos humanos, así como a todas las demás formas de organización del Poder Popular.

En contexto
27 de febrero de 2016, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019.
Es un documento estratégico que orientará la política del Estado venezolano, para consolidar los logros alcanzados en el área de derechos humanos durante los últimos 17 años.
La construcción de este Plan, es el resultado de un proceso realizado en tres etapas: Diagnóstico, elaboración de una propuesta preliminar del Plan y consulta pública en todo el país.

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