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Provea amenazó y utilizó la violencia psicológica contra los trabajadores del sector público.

Provea amenazó y utilizó la violencia psicológica contra los trabajadores del sector público. | Foto: AVN

Publicado 14 julio 2017

"Reiteramos que todo aquel funcionario que participe en el irregular proceso Constituyente puede ser sancionado a futuro por el artículo 25 CRBV", dijo la organización no gubernamental Provea.

La Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin) condenó la actuación de la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (Provea) ante la actual coyuntura política que atraviesa Venezuela.

Provea amenazó y utilizó la violencia psicológica contra los trabajadores del sector público de cara a los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente previstos para el 30 de julio.

Fundalatin lamentó que una organización que se presenta como defensora de los DD.HH. se presta para atentar contra el derecho al sufragio de los venezolanos, cuando amenaza a los trabajadores que decidan ejercer su derecho al voto con acciones penales, civiles y administrativas, precisó el boletín de prensa.

"La campaña de terror y asedio emprendida por Provea, a través de las redes sociales, contra las funcionarias y funcionarios públicos menoscaba los derechos humanos y la democracia. Al generar ese ataque psicológico, Provea vulnera el derecho que los funcionarios de votar", aseguró la presidenta de la fundación, María Eugenia Russián.

El miércoles 12 de julio, Provea inició esta campaña a través de las redes sociales, con una serie de mensajes que pretenden obligar a los funcionarios a abstenerse de ejercer su derecho, pues serán castigados penal, civil y administrativamente.

"Reiteramos que todo aquel funcionario que participe en el irregular proceso Constituyente puede ser sancionado a futuro por el artículo 25 CRBV (sobre nulidad de los actos del poder público)", escribió Provea en la red social Twitter.

La organización "invitó" a los venezolanos a participar en el "plebiscito" convocado por la derecha nacional, que carece de legitimidad jurídica y constitucional, que no será regido por el Poder Electoral y no tendrá control o registro alguno durante el proceso. 


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