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Las nuevas autoridades de la Asamblea venezolana reiteraron sus planes que apuntan a un Golpe Parlamentario.

Las nuevas autoridades de la Asamblea venezolana reiteraron sus planes que apuntan a un Golpe Parlamentario. | Foto: EFE

Publicado 5 enero 2016

La Asamblea Nacional venezolana, dominada por la derecha, se instaló este martes en medio de fuertes movilizaciones del pueblo chavista.

Entre las prioridades de la bancada derechista, además de liberar a políticos presos por actos desestabilizadores y permitir el regreso al país de banqueros y corruptos prófugos, se encuentra el propiciar un golpe parlamentario para derrocar el Gobierno legítmamente constituido del presidente Nicolás Maduro.

Es en ese contexto que este martes se dio la instalación del órgano legislativo y donde la derecha venezolana juramentó a 109 diputados y ratificó sus intenciones de buscar un cambio de Gobierno en el país. Mientras tanto el pueblo chavista se encontraba movilizado en defensa de las reivindicaciones alcanzadas en revolución.

Con el acompañamiento del expresidente colombiano Andrés Pastrana y la esposa del dirigente político Leopoldo López, la derecha venezolana tomó las riendas del Poder Legislativo impulsando, una vez más, la aprobación de una Ley de Amnistía que les permita liberar a quienes ellos denominan, presos políticos.

Durante la juramentación dejaron al desnudo sus intenciones de apostar por un modelo político en los próximos meses, que incluye las medidas neoliberales que ya fueron anunciadas públicamente y que conducirían a la salida forzada del presidente de la nación Nicolás Maduro, en unos seis meses según lo expresado por el propio Henry Ramos Allup.

En las primeras intervenciones de la derecha que hoy asume la Asamblea Nacional (AN), el diputado, Américo de Grazia, insistió en la idea de recobrar a Miraflores, sin detallar el mecanismo.
Cabe destacar  que en 2002 la oposición dio un fallido golpe contra el presidente Hugo Chávez y violentaron todos los poderes públicos del país, causaron la muerte de civiles en una movilización manipulada.
De igual forma promovieron acciones violentas conocidas como Guarimbas para apoyar el plan de “La Salida” promovido por Leopoldo López y que dejó al menos 43 fallecidos.

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La oposición llegó al hemiciclo exigiendo un Estado lleno justicia, cuando curiosamente, ellos (diputados) que representan a los sectores más radicales de la derecha del país, fueron los promotores de focos de violencia entre 2013 y 2014.

Pese a esto, el diputado por el estado Zulia (occidente) Omar Barboza, llamó a promover un nuevo Poder Judicial que aplique el Estado de derecho y no se convierta en herramienta de persecución política, haciendo alusión al dirigente político, Leopoldo López, recluido con una condena de 13 años.

 

En otras de su inminentes acciones, defendieron la “honestidad” de algunos de sus diputados, sobrevivientes de la Cuarta República y reflejados en su líder parlamentario, Henry Ramos Allup, gran referente de las políticas neoliberales que sometieron al pueblo venezolano en la década de los 90.

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La sesión de este martes, con una  directiva y de mayoría opositora, arrancó con la clara postura del bloque Revolucionario de defender al pueblo desde la legalidad que otorga el sistema democrático, de defender los logros del chavismo y de atacar cualquier intento de acabar con la Revolución a través de la violencia.

La bancada oficial desalojó el Hemiciclo protocolar luego de que el diputado Julio Borges, presentara la agenda legislativa de la derecha violando el Reglamento de Interior y de Debates. 

 

Una manifestación popular apoyó al bloque revolucionario durante la jornada, con la clara consigna de la defensa del Poder Comunal establecido en la Constitución de Venezuela. 

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En contexto:
Ante la juramentación de la nueva Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, ahora dominada por mayoría opositora, el reelecto diputado por el PSUV, Diosdado Cabello, recordó que, en caso de existir alguna contradicción entre las propuestas planteadas en el hemiciclo por la oposición, el presidente Nicolás Maduro, está en la facultad de impugnarlas ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para que se sean rechazadas.

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