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Una comisión especial de la Cámara de Diputados de Brasil inicia este jueves el debate sobre la admisión del proceso en contra de la presidenta Dilma Rousseff.
De acuerdo con el relator del proceso, Jovair Arantes del Partido Laborista Brasileño (PTB), el procedimiento que se sigue contra Rousseff cumple con todas las características exigidas por la ley para continuar rumbo hacia el juicio político.
El parecer de Arantes (señalado como colaborador cercano del líder de la Cámara Baja, Eduardo Cunha) respecto al tema es que las acciones de Rousseff en el manejo del presupuesto público atentan contra lo establecido en la Constitución del país y la función contralora del parlamento en las finanzas públicas.
La oposición acusa a la Presidenta de "manipular" los presupuestos de la nación correspondientes al lapso 2014 y 2015 mediante decretos, acumulación de deudas y créditos con la banca pública; hecho negado por Rousseff en varias oportunidades.
>> El camino del juicio político contra Dilma Rousseff.
Argumentos
La defensa expuesta hace dos días por el el ministro-jefe de la Abogacía General de la Unión, José Eduardo Cardozo, solicitó archivar el proceso contra la mandataria y aseguró que la denuncia presenta errores conceptuales.
En ese sentido, insistió en que la destitución de un jefe de Estado sólo procede en casos de extrema gravedad o absoluta excepcionalidad en contra de la Carta Magna.
Detalló que esto implica alguna irregularidad cometida directamente por la presidenta (de forma dolosa o deliberada).
"Cualquier tentativa de destitución que no cumpla con todos esos presupuestos es inconstitucional e ilegal y, por consiguiente, constituye un golpe de Estado", precisó Cardozo.
De igual forma, Cardozo denunció el abuso de poder cometido por Eduardo Cunha, al aceptar una solicitud de impedimento contra Rousseff.
>> Brasil, golpe en gestación.
>> ¿Cunha asumiría presidencia de Brasil si anulan mandato de Rousseff y Temer?.
