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La Comisión del Senado continúa escuchando las exposiciones de las partes que rechazan y defienden el juicio.

La Comisión del Senado continúa escuchando las exposiciones de las partes que rechazan y defienden el juicio. | Foto: EFE

Publicado 2 mayo 2016

Este lunes exponen expertos defensores del proceso de juicio político, que de materializarse, sería un golpe de Estado contra la mandataria brasileña.

La comisión especial del Senado Federal de Brasil, que trata el pedido de juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff, continúa este lunes los debates sobre la admisión de este proceso que busca apartar a la dignataria de la presidencia y colocar en manos de la derecha las riendas del país.

La Cámara Baja recibe este lunes la exposición del procurador del tribunal de Cuentas de la Unión, Julio Marcelo de Oliveira, y el profesor de Derecho José Mauricio Conti, ambos con posiciones favorables al proceso de juicio. 

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Se espera que la comisión resuelva el tema de orden planteado por la legisladora Vanessa Grazziotin, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), “quien pidió la suspensión del impeachment hasta que el Congreso examine las cuentas de 2015 del Ejecutivo”.

La legisladora Grazziotin consideró que “el proceso de destitución en curso viola la legislación vigente, pues la acusación contra la jefa de Estado fue presentada en octubre y se refiere al presunto incumplimiento de la meta fiscal anual, cuando aún no había culminado siquiera el plazo para presentar las cuentas del período”.

La semana pasada, la comisión especial escuchó a la defensa de Rousseff, representada por el abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, los ministros de Agricultura, Katia Abreu, y de Hacienda, Nelson Barbosa.

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En esa exposición, la defensa argumentó que este proceso “es un trauma que Brasil no merece”.

“Aun si se realizara con apego a las normas constitucionales, el juicio político resulta un proceso traumático; y lo es más cuando en un caso como éste carece de todo sustento jurídico”, dijo José Eduardo Cardozo.

El funcionario aseguró que “para probar la comisión de un crimen de responsabilidad, como el que se le trata de atribuir a Rousseff, tiene que existir un acto practicado con dolo por la Presidenta y no una percepción política abstracta".

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“Aprobar una destitución sin esas condiciones hará que esto se convierta en un instrumento en manos de la oposición, el cual podrá utilizarse a todos los niveles y convertirá a Brasil en un país cuya estabilidad estará permanentemente amenazada”, advirtió.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, expresó el domingo que el golpe contra su mandato acabaría al mismo tiempo con las conquistas de los trabajadores, en una nación donde está en vilo la democracia. 

La mandataria argumentó que nunca tomó dinero del Estado y que jamás fue acusada de corrupción, pero que aún así intentan enjuiciarla, debido a que la derecha busca conseguir un "crimen" para sacarla del poder.

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En contexto
Brasil es escenario de un golpe blando, como lo califican analistas internacionales, a través de un proceso de juicio político que puede ser aprobado en un Senado de mayoría opositora. 
Sin ningún delito tangible, como lo alega la defensa de la mandataria, pretenden enjuiciar a una Presidenta que llegó al poder con más de 50 millones de votos, y que aún goza de un nivel de aceptación mayor al 90 por ciento, según dijeron este domingo los trabajadores en un evento multitudinario. 
El vicepresidente de Brasil, Michel Temer, quien rompió nexos con el Gobierno dice estar "preparado para asumir el poder e incluso se adelantó a los hechos y presentó un supuesto Plan de Gobierno. 
Esta semana es decisiva para Brasil, porque lo que está en juego no sólo es separar a Rousseff de su cargo, sino el destino de una nación, su democracia, sus derechos laborales, sus logros sociales y hasta la misma integración latinoamericana. 

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