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Una nueva estrategia de seguridad autorizada por el Gobierno colombiano permitirá el uso de toda la fuerza del Estado, sin excepción, contra las principales bandas criminales del país o los grupos que tengan mayor capacidad hostil.
Entre los mecanismos para hacer frente a estos grupos, contenidos en la Directiva 15 de 2016 acordada con la Fiscalía, están los bombardeos aéreos.
En este documento que reemplaza al 14 de 2011, el Ejecutivo deja a un lado el apelativo de Bandas Criminales (Bacrim) después de casi una década y las denomina Grupos Armados Organizados (GAO) argumentando que han alcanzado una organización armada que les permite “generar niveles de violencia que supera las tensiones y disturbios normales”.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, precisó que este nuevo plan de militarización será usado sobre todo contra el Clan Úsuga, Los Pelusos y Los Puntilleros.
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"Esas tres organizaciones a partir de hoy serán perseguidas autónoma o coordinadamente por las fuerzas militares y por la policía", dijo.
En general, la estrategia se aplicará a "quienes hayan atentado contra la Fuerza Pública y contra la población, a quienes tengan campamentos, a quienes tengan armas largas, a quienes tengan uniformes y presencias en el territorio".
En el documento, al que tuvieron acceso los medios locales, se señala que “la finalidad o el móvil con que actúe un grupo no serán relevantes para la aplicación del uso letal de la fuerza en el marco del Derecho Internacional Humanitario”.
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"En Colombia no hay paramilitares, en Colombia hay mafia y hay crimen organizado, y eso es lo que vamos a enfrentar con toda la fuerza del Estado, salvo su sometimiento a la Justicia", afirmó el ministro.
Además, anunció que en las últimas 24 horas se detuvieron 90 integrantes de esas organizaciones.
Riesgo de violación a los DD.HH.
En declaraciones a la revista Semana, el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo, manifestó que este planteamiento es una nueva guerra debido a que se va a utilizar la fuerza militar e implica que las operaciones no requieren judicialización porque se vuelven un objetivo militar.
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Agregó que esta dureza que plantea la nueva Directiva genera “un riesgo de violación de derechos humanos, no solo de los miembros de esos grupos sino también de las comunidades”.
En contexto
El Clan Úsuga está presente en 22 de los 32 departamentos de Colombia, lo que lo convierte en la mayor banda criminal colombiana nacida tras la desmovilizaciones paramilitares ocurridas entre 2003 y 2006, durante el Gobierno de Álvaro Uribe, quien les ofreció a cambio beneficios jurídicos, detalla un informe de la Defensoría del Pueblo.
Entre el 15 y el 20 por ciento de los paramilitares desmovilizados durante este período forman parte de las bandas criminales (Bacrim), que tienen en sus filas unos dos mil 650 miembros.
Los Pelusos tienen presencia en el Norte de Santander y controlan cultivos y zonas en la zona de frontera. Mientras que Los Puntilleros son el grupo criminal emergente en los Llanos Orientales.
