Con la firma del acuerdo final de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), el país suramericano inicia un nuevo proceso político con la participación como partido legal del grupo guerrillero.
Ante este escenario, el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, plantea la apertura mental del Estado y los colombianos. Por su parte, la izquierda se mantiene a la expectativa.
Para la presidenta del partido Polo Democrático Alternativo, Clara López, la firma de los acuerdos de La Habana “va a cambiar la situación política nacional y no solamente el panorama de la izquierda, sino de toda la política colombiana”.
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Para el senador Iván Cepeda, la posible conversión de las FARC-EP en un partido político exigirá “establecer diálogos” con ese nuevo movimiento.
Por su parte, el senador Antonio Navarro, exintegrante del grupo guerrillero M-19 que se convirtió en partido político legal, habría “dos caminos” para que las FARC-EP entren a la política colombiana. “Uno sería sin necesidad de participar en elecciones de Senado y Cámara y otro que compitan, pero que tengan una favorabilidad, unas reglas especiales para que puedan llegar”, explicó.
De la Calle ya ha asomado la posibilidad de que “accedan al sistema político en condiciones especiales o que eventualmente ostenten representación especial en el Congreso”.
Por lo pronto, las FARC-EP exigen garantías para los miembros de la insurgencia que se configuren como oposición al Gobierno de Juan Manuel Santos, un punto que resulta fundamental cuando pesan sobre la historia de Colombia antecedentes como el exterminio a finales de la década de los 80 e inicio de la de los 90 de los líderes de la Unión Patriótica, el partido de izquierda vinculado con los guerrilleros.
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