Jimmy Morales: Perseguido por la Corte de Constitucionalidad

La polémica entre el presidente de Guatemala, Jimmy Morales y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha llevado al país centroamericano a un momento crucial para el orden constitucional de la nación.

No sólo perseguido por la Comisión Pesquisadora que deberá estudiar su antejuicio (retiro de la inmunidad) y presentarlo al Congreso el 25 de octubre, el mandatario también es interpelado por la Corte de Constitucionalidad (CC).

La Corte de la Constitucionalidad y la Procuraduría de los Derechos Humanos van tras el presidente

De los cinco magistrados de la CC, dos han votado, con frecuencia, en favor del presidente de Guatemala: Dina Ochoa y Neftaly Aldana; y los otros tres han fallado, generalmente, en su contra: Bonerge Mejía, Gloria Porras y Francisco de Mata Vela.

El sábado 1 de septiembre, la CC le solicitó a Morales, a Gobernación y a la Policía Nacional Civil (PNC) que en un plazo de 24 horas debería entregar un informe explicando el motivo del despliegue militar ordenado por el ejecutivo el pasado viernes 31 de agosto, frente a la sede de la Cicig y en otros lugares de la capital.

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Asimismo, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala (PDH) solicitó que el mandatario sea llamado a cumplir el compromiso de brindarle seguridad a los miembros de la Cicig y que el el ministerio de Relaciones Exteriores lleve a cabo los trámites necesarios para renovar la visa del comisionado colombiano y presidente de la Cicig, Iván Velásquez, que vence este 18 de septiembre.

Las batallas legales de Jimmy Morales

Los magistrados de la CC estudiarán la decisión de Morales de no renovar el mandato de la Cicig, mediante un recurso de amparo presentado por el abogado Marco Vinicio García.

El documento indica que el jefe de Estado tomó una decisión ilegal, al no resolver la controversias con la Cicig mediante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sino que de manera propia.

Marco Vinicio García pidió a la CC que deje sin efecto la decisión del presidente y que, en lugar de no renovar la concesión del organismo, revise el caso directamente con la ONU.

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Asimismo, el abogado Alfonso Carrillo presentó otro recurso de amparo ante la CC para evitar que no le renueven la visa a Velásquez. Esto, pese a que el acuerdo que en 2006 firmó el país con la ONU, indica que el comisionado colombiano está exento de tener visa y de cualquier otra restricción ordinaria para extranjeros.

Pero el Gobierno afirma que esa exclusividad se acaba al momento en que el comisionado se inmiscuye en asuntos internos del país, situación que el ejecutivo no ha podido demostrar a cabalidad. 

El factor Degenhart

Desde que Enrique Degenhart asumió como ministro de Gobernación, el blindaje de Morales se fortaleció. Degenhart ha sido cuestionado por operar a favor del mandatario desde, por ejemplo, retirar a la policía de resguardo de la sede de la Cicig, hasta no asignar patrullas y oficiales para que el ministerio Público lleve a cabo operativos en los casos de corrupción que lidera en conjunto con la Cicig.

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Ante ese escenario es que los abogados Alfonso Carrillo, Stephanie López y Ángela Godoy, presentaron un recurso de amparo en la CC, -el tercero contra el círculo cercano de Morales- para anular el nombramiento del ministro de Gobernación, al plantear que sus decisiones ponen en riesgo la seguridad ciudadana. Esto, exige un informe por parte del presidente justificando sus razones para designar a Degenhart en el puesto.

Hasta el momento, Jimmy Morales no ha hecho entrega de ninguno de los documentos solicitados, facilitando que la CC pueda eventualmente ordenar la destitución del ministro.

Si el mandatario guatemalteco no acata los fallos que decidirán los cinco magistrados, podría cometer delito de desacato, lo que arrastraría al rompimiento del orden constitucional.