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A lo largo de décadas de explotación, se han reportado 37.000 casos de desnutrición severa.

A lo largo de décadas de explotación, se han reportado 37.000 casos de desnutrición severa. | Foto: EFE

Publicado 13 octubre 2017

En los más de 300 días de resistencia, las comunidades han recibido advertencias, amenazas, atentados y querellas por parte del Estado, de particulares y de las empresas mineras que explotan las tierras ancestrales.

El pasado 7 de octubre de 2017 más de 80 autoridades tradicionales indígenas Wayúu campesinos y afrodescendientes conmemoraron los 300 días de protesta pacífica por la crisis social, ambiental y ecológica que viven las comunidades a causa de la alteración de sus métodos tradicionales de vida.

La cita se realizó en el territorio ancestral de Katsaliamana, en la Guajira, Colombia, y contó con la participación de la comunidad Wayúu, integrada por indígenas Wiwa y Kankuamos de la Sierra Nevada, Awa del Nariño, además de campesinos y afro descendientes de las comunidades de Tabaco y Matitas.

 

 

En la reunión, los dirigentes repudiaron, además, la masacre de los siete campesinos asesinados en Tumaco, manifestando el temor y la falta de garantías que los indígenas sienten en la defensa de sus territorios, los acuerdos de La Habana y la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas, afro y campesinas en Colombia.

Problemáticas

El 7 de diciembre de 2016, el Movimiento Nación Wayúu se formó reclamando al Estado colombiano el respeto de la consulta previa a las comunidades indígenas, recuperar la autonomía territorial y el retorno del agua como medio fundamental para la independencia alimentaria, que afecta gravemente sus métodos tradicionales de vida.

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Multinacionales y empresas extractoras de recursos minerales, como El Cerrejón, Chevrón, Promigás, Turkish y Big Group, han perjudicado profundamente a las comunidades, con amparo del Gobierno de Colombia, quienes no han atendido las demandas de una etnia que se encuentra en peligro de desaparición a raíz de la extracción desmedida de sus recursos naturales. 

Uno de los sectores más afectados por la explotación de las tierras son los niños: la falta de acceso al agua -causando por consiguiente crisis alimenticia y económica- ha dejado a lo largo de los años más de 5.000 menores fallecidos, además de 37.000 casos de desnutrición severa, según informan cifras de la Defensoría del Pueblo. 

 

 

Amenazas 

En los más de 300 días de resistencia, las comunidades han recibido varias advertencias por parte del ministerio del Interior para declinar la iniciativa, como atentados, querellas y también amenazas de un grupo denominado "Los rastrojos", según denunciaron autoridades indígenas. Asimismo, representantes de la empresa Cerrejón han solicitado en oportunidades el cese de las protestas. 

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Incluso, en febrero de este año, la policía del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) allanó el lugar con excesiva violencia. “Llegaron a sacarnos como animales y se llevaron chinchorros, ollas, teléfonos y plata que teníamos en la mochilas” manifestó en su momento María del Rosario Ruiz, una de las autoridades tradicionales, lanzado además gases lacrimógenos, y deteniendo a seis de los líderes: cinco adultos y un menor de edad. 

Sin embargo, la perseverancia de los participantes y el apoyo internacional de defensores de derechos humanos, han permitido la continuidad de la lucha. 

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Próximas acciones

Según manifiestan los dirigentes, en 2014 el Gobierno colombiano se comprometió a esclarecer el proceso por el cual el Estado cedió a la minera Cerrejón la expansión de la licencia ambiental para la explotación de las tierras ancestrales indígenas. Asimismo, en la sentencia T 704 de 2016, la Corte ordenó a la empresa "implementar un plan inmediato de mitigación de daños ambientales, sociales, culturales, en la zona", medida que no ha sido llevada a cabo.

 

 

A 306 días de lucha y resistencia, las comunidades manifestaron que la siguiente acción será presionar por una mesa de concertación para la reparación de todos los daños por parte de la multinacional Cerrejón, acogiéndose al cumplimiento de la orden constitucional. 

 


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