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El Consejo de Estado de Colombia definirá próximamente si mantiene o no las medidas cautelares que tiene a Gustavo Petro como alcalde, según informaciones de un medio local colombiano.
La Sección Segunda del Consejo de Estado fallaría esta semana el recurso de súplica que fue radicado contra la decisión de conceder medidas cautelares al alcalde de Bogotá Gustavo Petro que actualmente lo mantienen en el cargo, según reseñó Caracol.
La mencionada súplica debe ser fallada por el magistrado Gustavo Gómez y la magistrada Lucy Janet Bermúdez. Se debatirá si se mantienen firme las medidas cautelares que el pasado mes de mayo le otorgó esa misma corporación al mandatario distrital.
El recurso fue radicado por la Procuraduría con el fin de revocar dichas cautelares. Se recuerda que el jefe del ministerio público, Alejandro Ordóñez, recomendó la destitución e inhabilitación el alcalde de Bogotá, acusado de irrregularidades administrativas.
Persecusión política
El pasado 27 de junio, la Procuraduría General de la Nación abrió dos nuevas investigaciones contra el Alcalde de Bogotá Gustavo Petro.
La primera investigación está relacionada con la supuesta participación de su concuñado, Carlos Alberto Gutiérrez, en la adjudicación de varios contratos en las fases 1 y 2 del sistema de transporte urbano Transmilenio.
El otro proceso que se le abrió a Petro, tiene que ver con contratos de la actual administración, que revelarían una relación de Gutiérrez con funcionarios de la Alcaldía tales como el exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Diego Bravo y el exgerente de Transmilenio Fernando Rey.
Gustavo Petro fue destituido oficialmente como Alcalde de Bogotá el 19 de marzo por el presidente Juan Manuel Santos, tras acusaciones de la Procuraduría General de Colombia sobre faltas disciplinarias por irregularidades en un nuevo esquema de recolección de basura por parte de la administración en la capital colombiana.
Después de una serie de conflictos legales, Santos debió restituir a Petro en el cargo el pasado 23 de abril por una orden emitida por el Tribunal Superior de Bogotá.
