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El pueblo de Unión Matoso, en el municipio de Montelíbano, departamento de Córdoba, en el norte de Colombia, vive en el abandono a pesar de estar en las cercanías de la mina de níquel de Cerro Matoso, que es la explotación a cielo abierto más grande del continente y la cuarta en el mundo.
Las operaciones de la multinacional Cerro Matoso iniciaron desde hace más de 30 años generando unas ganancias cercanas a los 11 mil millones de dólares, sin embargo la población no ha visto beneficios de los años de actividad minera. En la actualidad la mina es operada por la empresa BHP Billiton, la compañía minera más grande del planeta.
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Los mas de cinco décadas de actividad en la mina de Cerro Matoso ha provocado serios daños ambientales al contaminar las fuentes de agua y causar altos niveles de polución que han perjudicado a los habitantes del pueblo.
Los pobladores de la zona presentan problemas respiratorios y manchas en la piel asociados a la constante inhalación de los residuos del níquel, mineral altamente tóxico, varios ex trabajadores han presentado severos problemas de salud como cáncer y otras dolencias.
Según la revista Semana la mayoría de los ex empleados afirman que los médicos que les hacen los exámenes siempre "hablan bajito", y las clínicas y laboratorios donde se los practican nunca les entregan los resultados sino que los envían a salud ocupacional de la empresa porque son "exámenes privados".
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A pesar de las denuncias de contaminación ambiental en contra de la mina de níquel, los encargados de la explotación niegan ser culpables y jamás han recibido una sanción por incumplir la legislación ambiental colombiana.
Corte Constitucional falló en contra de la mina Matoso
La Corte Constitucional de Colombia ordenó a la multinacional Cerro Matoso pagar los exámenes médicos que se les deberá practicar a la población del municipio de Montelíbano (Córdoba) quienes se encuentran expuestos al níquel producto de la explotación minera en la zona.
La corte le solicitó al Ministerio de Salud que suministre los respectivos estudios de salud pública a la Gobernación de Córdoba y a las autoridades locales en los municipios de Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador.
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La decisión del máximo tribunal se fundamenta en la acción de tutela presentada por los pobladores que pide la protección de sus derechos fundamentales, los cuales consideran afectados por la explotación indebida del mineral en la región.
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