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El magistrado chileno Juan Manuel Escobar ordenó este sábado medidas cautelares a los 10 empresarios ligados a la derecha de ese país y a su principal partido, la Unión Demócrata Independiente de Chile, imputados por el caso Penta.
El tribunal decretó prisión preventiva para los controladores del grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, por tres delitos de soborno y cinco delitos tributarios, en el marco de la investigación por hechos de corrupción e irregularidades en el financiamiento de campañas políticas.
Al mismo tiempo, el juez determinó la misma medida para el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, sobre quien pesan hechos de delito tributario, cohecho y lavado de activos, y para el exfuncionario Iván Álvarez, quien permanece recluido por la causa paralela denominada fraude al FUT (un mecanismo que funciona como un crédito a la hora de descontar impuestos a las personas).
El magistrado también determinó prisión para el exgerente de contabilidad del grupo Penta, Marcos Castro, y para el exgerente general Hugo Bravo, quienes son investigados por delitos tributarios, soborno y lavado de dinero.
En contexto
El Servicio de Impuestos Internos de Chile presentó el 9 de enero de 2015 una querella por delito tributario contra Pablo Wagner, exsubsecretario de Minería en el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), y de su cuñada, María Carolina de la Cerda.
Wagner fue acusado de facilitación y uso de boletas de honorarios falsas, la obtención de devoluciones de impuestos indebidas y la omisión de ingresos en las declaraciones de Impuestos a la Renta.
La entidad tributaria señaló que en el expediente de Wagner existen al menos 59 boletas de honorarios "ideológicamente falsas", emitidas entre 2009 y 2014, por un total de 120 millones de pesos (unos 200 mil dólares), cuyos destinatarios fueron empresas del grupo Penta.
Conozca aquí las claves del caso Penta:
