Cataluña descarta declarar la desobediencia civil

El presidente del Gobierno de Cataluña (noreste), Artur Mas, afirmó que actualmente no se maneja el "escenario" de la "desobediencia civil", sino el de pedir al Tribunal Constitucional que levante la suspensión de la consulta.

En una sesión en el Parlamento catalán, el funcionario destacó  que el objetivo de su gobierno es que el máximo intérprete de la Constitución española levante la suspensión cautelar sobre la consulta soberanista antes del 9 de noviembre para poder celebrarla.

El Ejecutivo catalán decidió suspender la campaña institucional para la consulta de carácter soberanista que fijó para el 9 de noviembre próximo, después de que el día antes el Tribunal Constitucional admitiera a trámite el recurso presentado por el Gobierno de España contra esta iniciativa, lo que se traduce en la suspensión cautelar de la consulta.

Mas dijo este miércoles ante los diputados regionales catalanes que  "no siempre la desobediencia ha llevado a la victoria".

Sin embargo,  afirmó que "en lo que depende de mi, este proceso se acaba votando y votando con la pregunta pactada" y se comprometió a reunir y hablar con los partidos proconsulta para tomar las decisiones "definitivas", porque las actuales que ha tomado el gobierno catalán son "cautelares".

"No rectificaré en la voluntad de que el pueblo catalán vote su futuro" mientras en el proceso haya "movilización social", "pulcritud democrática", "actitud pacífica" y unidad política, afirmó Mas.

El martes, después de que el ejecutivo catalán suspendiera la campaña institucional para la citada consulta, miles de ciudadanos se manifestaron frente a los ayuntamientos de esa región para protestar contra la decisión del Tribunal Constitucional.

Por otro lado, el Parlamento catalán aprobó la creación de la Comisión de control de las consultas populares -el organismo llamado a supervisar la consulta del 9 de noviembre-, en un tenso debate entre los partidos favorables a la consulta y los contrarios, que se negaron a votar.

Estos grupos advirtieron que este organismo desarrolla una ley que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, lo que supone traspasar una "línea roja" y una "desobediencia clara" al Alto Tribunal.