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La titular de la Procuraduría General de la República (PGR) de México, Arely Gómez, aseguró este martes que el caso Ayotzinapa, como se le conoce a la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en el estado de Guerrero, hace casi dos años, continua abierto.
"El caso no está cerrado, siguen las investigaciones, por ser un tema que lastima a la sociedad y a las instituciones", subrayó la autoridad a través de su cuenta en la red social Twitter.
El #CasoIguala no está cerrado.Como lo ha ordenado el Pdte. @EPN, seguiremos trabajando hasta llevar a la justicia a todos los responsables
— Arely Gómez González (@ArelyGomezGlz) 29 de agosto de 2016
Gómez informó que las acciones emprendidas a fin de esclarecer los lamentables hechos en Guerrero, ocurridos entre los días 26 y 27 de septiembre de 2014, siguen su curso para castigar a los responsables.
Recibimos 941 peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de las cuales hemos atendido el 91%.
— Arely Gómez González (@ArelyGomezGlz) 29 de agosto de 2016
Precisó que hasta la fecha, hay consignadas 168 personas, 223 autos de detención y 209 órdenes de aprehensión.
Asimismo, detalló que se han efectuado 20 cateos, 897 declaraciones ministeriales y mil 678 intervenciones periciales en materia de criminalística de campo, fotografía, antropología y química forenses, ambiental, incendios y explosivos.
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La procuradora resaltó que en colaboración con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, se llevaron a cabo 650 labores de búsqueda de los normalistas.
El rechazo de los padres
El vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz, criticó la falta de respuesta de las autoridades luego de que 17 teléfonos de los jóvenes desaparecidos estuvieron activos durante horas e incluso días después de ser secuestrados.
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Aseguró que esa información ya fue remitida a la Procuraduría General de la República (PGR), quien lleva el caso, y a los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad.
Recordó que en la última reunión que sostuvieron los padres con la PGR, no se llegó a un acuerdo concreto para indagar los teléfonos móviles.
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