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  • La Octava Enmienda de la Constitución de EE.UU. establece que no puede infligirse un castigo cruel e inusual (Foto:Archivo)

    La Octava Enmienda de la Constitución de EE.UU. establece que no puede infligirse un castigo cruel e inusual (Foto:Archivo)

Publicado 15 mayo 2014

Un sondeo llevado a cabo por una empresa de investigación y opinión y difundido este jueves, indica que casi dos tercios de la población de EE.UU se oponen a la inyección letal, tras los recientes fallos en la ejecución de una sentencia en el estado de Oklahoma, ampliamente criticada en ese país.

El estudio realizado por Hart Research and Public Opinion Strategies, indica que a pesar de que un 59 por ciento respalda la aplicación de la pena máxima, la cifra disminuyó considerablemente respecto a dos décadas atrás; cuando un 80 por ciento la apoyaba.

Uno de cada tres encuestados opina que las inyecciones letales resultan improcedentes mientras persistan los problemas para conseguir los productos adecuados, por lo cual solicitan una moratoria para este tipo de ejecuciones.

Los estadounidendes prefieren cumplir la sentencia de muerte mediante otros métodos como la cámara de gas (20 por ciento), la silla eléctrica (12 por ciento), pelotón de fusilamiento (12 por ciento) y ahorcamiento (ocho por ciento), detalló la pesquisa. Además, un 35 por ciento se opone a la pena de muerte, de los cuales un 18 por ciento son republicanos y alrededor de la mitad, demócratas.

Doble moral y violación a los DD.HH.

El pasado 29 de abril, la ejecución del recluso Clayton Lockett, en Oklahoma (centro-sur de Estados Unidos) pudo constituir un caso de tortura y merece el calificativo de cruel, inhumana y degradante, dijo el 2 de mayo, la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay.

Lockett de 38 años, que fue sentenciado a la pena capital por el asesinato de una joven en 1999, agonizó por 45 minutos antes de morir de un infarto provocado, hecho que pudiera violar la Octava Enmienda de la Constitución norteamericana, la cual establece "que no puede infligirse un castigo cruel e inusual", indicó la oficina de DD.HH.

Por otro lado, el mexicano Edgar Tamaño, fue ejecutado por cargos de homicidio en Texas, medida que fue considerada  por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México como una "doble moral del gobierno de la nación norteamericana".

“(EE.UU) le dá al mundo una lección de barbarie y de cómo hay un doble discurso en donde se ejecuta a un mexicano violando la legislación internacional y las reglas elementales de su debido proceso”.

También, el pasado octubre William Happ , condenado a pena de muerte en 1989 en Florida, agonizó durante 15 minutos después de que se le suministrara un nuevo cóctel de fármacos, cuyos componentes eran más baratos para reducir los gastos en este tipo de sentencias.

Según organizaciones de Derechos Humanos, desde 1977 hasta 2011, más de mil 400 personas han perdido la vida a manos del Estado en Estados Unidos. Al menos cien de estas personas padecían enfermedades o problemas mentales graves, bien antes de los delitos por los que fueron condenadas a muerte, bien en el momento de su ejecución.


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