Canciller venezolano responsabiliza a dirigente opositor de violencia en el país

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Elías Jaua, responsabilizó este miércoles al miembro de la derecha venezolana, Leopoldo López, de los actos de violencia que se están generando en el país en los que se registró la muerte de dos personas y varios heridos.

A través de la red social Twitter, el canciller señaló que el “Estado no tiene más excusas para castigar a este asesino”, haciendo referencia al líder opositor quien en días pasados pronunció discursos con tono violento en los que llamaba a salir a la calle a protestar.

“El fascismo se corta por la Cabeza. Nuestra Patria merece Paz y Vida. Leopoldo López asesino ¡Justicia Ya! “, señaló el diplomático venezolano.

Más temprano, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello, informó sobre la muerte de un militante del oficialismo quien fue asesinado por grupos violentos de la oposición que marchaban en Caracas (capital).

“No caigamos en la provocación; los asesinos de ese compatriota van a pagar. Que sirva ese hecho para seguir luchando; con el espíritu de Ribas y Chávez”, manifestó Cabello desde La Victoria, en el estado Aragua, de la región central del país, con motivo de la conmemoración de los 200 años de la Batalla de La Victoria.

Vale destacar, que en las últimas semanas, grupos encabezados por corrientes opositoras compuestas por los exprecandidatos Leopoldo López, la diputada María Corina Machado y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, han llamado a protestar pidiendo la salida del mandatario.

En contraposición, el jefe de Estado venezolano pidió a los sectores de derecha en el país a reflexionar a tiempo con respecto a sus pretensiones desestabilizadoras ligadas a los actos violentos el pasado fin de semana.

El opositor venezolano, Leopoldo López, fue precandidato presidencial por el partido opositor Voluntad Popular. Fue inhabilitado por acciones irregulares en su gestión cuando fue alcalde del municipio Chacao en la región central del país, por parte de la Contraloría General en el año 2008 por un periodo que duraría hasta 2017, cuya decisión fue ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia.