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Los campesinos llaman a la resistencia por sus derechos.

Los campesinos llaman a la resistencia por sus derechos. | Foto: Archivo

Publicado 30 mayo 2016



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El Gobierno y las FARC-EP alcanzaron en 2013 varios acuerdos respecto al tema agrario que aún no se han materializado. 

El actual modelo económico y de desarrollo del Gobierno colombiano, aunado a la presencia de paramilitares en zonas agrícolas, son las principales razones por la que los campesinos, indígenas y trabajadores del campo iniciaron este lunes un paro agrario para exigir el cumplimiento (luego de tres años) de lo acordado en los diálogos de paz en esta materia. 

A finales de mayo de 2013, luego de seis meses de conversaciones, el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) resolvieron uno de los grandes desacuerdos: el problema agrario.

Fue, incluso, el primer punto de la agenda pactada para los Diálogos de Paz que se desarrolla en La Habana (Cuba) y que aún está a la espera de la anhelada firma.

>> Paro agrario en Colombia

Los acuerdos se lograron en ese entonces gracias al paro agrario protagonizado por campesinos meses antes en 12 departamentos del país y en la capital (Bogotá).

El movimiento generó la militarización en Bogotá donde se decretó un toque de queda y fuertes enfrentamientos. 

Tras los episodios violentos, las delegaciones del Gobierno y las FARC-EP abordaron el tema en La Habana para darle solución y respuesta a las peticiones. 

Puntos acordados en La Habana

En respuesta a las peticiones de los campesinos, las partes acordaron brindar acceso y uso de la tierra, tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola, protección de zonas de reserva, programas de desarrollo con enfoque territorial, infraestructura y adecuación de terrenos productivos. 
Así como el desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza; estímulo a la producción agropecuaria, a la economía solidaria y cooperativa.
También se estableció que habría asistencia técnica, subsidios, créditos, generación de ingresos, mercadeo, formalización laboral y políticas alimentarias y nutricionales.
Pero a tres años de lo pactado aún no se ha concretado, por ello, los campesinos decidieron volver a las calles.

UE otorga inversión para el posconflicto

La Unión Europea (UE) informó la semana pasada que invertirá 557 millones de euros destinados al desarrollo local y otros puntos del acuerdo como desminado humanitario y pedagogía para la paz, como prioridades en esta primera fase de “ayuda”.

La parte destinada para lo que ha sido denominado Desarrollo Local Sostenible en zonas marginadas de Colombia (DLS) será invertida en el mejoramiento de 650 microempresas rurales y en la legalización de la tenencia de tierra de cuatro mil 500 familias campesinas y de minorías étnicas (indígenas y afrocolombianas) que viven en las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

>> Gustavo Petro: "Gobierno de Santos asesinó a un indígena"

La iniciativa arranca con tres proyectos pilotos en la Amazonia, el Pacífico y el Caribe, regiones claves para el posconflicto.

El programa tiene un costo de 20,8 millones de euros, de los que ya se entregaron 5 millones para la primera etapa. 

Minga Agraria a la calle: Nunca más un país sin nosotros

Las organizaciones de la Cumbre Agraria iniciaron una serie de movilizaciones pacíficas por la falta de aplicación de estos puntos.

Este movimiento llamado La Gran Minga Nacional habrá jornadas de movilización democráticas, marchas, concentraciones, plantones y encuentros culturales, que se realizarán en todo el territorio "para expresar nuestra inconformidad con el actual modelo económico y de desarrollo, que no corresponde con los sueños del pueblo por alcanzar la paz con justicia social y ambiental”, explicaron sus promotores.

Con el eslogan "Nunca más un país sin nosotros" Colombia vuelve a ser escenario de manifestaciones por inconformidad y falta de atención a este sector. 

¿Qué exigen los campesinos?

1.- El principal rechazo de la comunidad recae sobre la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres), una normativa que enfoca el desarrollo agropecuario en zonas donde se requiere alta inversión, y lo que propicia es la intensificación del modelo de agroindustria, el cual ya impera en el campo y no favorece al pueblo, sino a los grandes empresarios y multinacionales del agro.

2.- El campesinado también se queja sobre el otorgamiento de licencias para la explotación minera en ecosistemas estratégicos sin la previa consulta de la gente afectada en esas regiones. El modelo minero no respeta la autonomía territorial y pasa por encima de la defensa de los territorios, la preservación de las fuentes hídricas y la economía campesina.

3.- Piden al Gobierno garantías para la participación activa, vinculante y decisoria de las comunidades para diseñar y construir la Reforma Agraria Integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra y reoriente el modelo de desarrollo económico en armonía con la naturaleza y la diversidad cultural.

En contexto

Hasta el momento se reporta un indígena muerto, dos heridos y cuatros desaparecidos presuntamente a manos de las fuerzas del Estado colombiano. 

La senadora Piedad Córdoba repudió la represión contra los manifestantes, mientras que el dirigente Gustavo Petro reseñó en su cuenta Twitter la información sobre el asesinato. 


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