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La criticada prisión domiciliaria, que aún no ha sido ejecutada, fue concedida el pasado 16 de agosto.

La criticada prisión domiciliaria, que aún no ha sido ejecutada, fue concedida el pasado 16 de agosto. | Foto: @CELS_Argentina

Publicado 25 agosto 2017



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"Pasar a una persona de una prisión a otro lugar que no es su domicilio, no es arresto domiciliario, sino cambio de una prisión a otra", señaló el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tres organizaciones de derechos humanos denunciaron al Gobierno de Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por incumplir el plazo dispuesto por el organismo para realizar las medidas cautelares que fueron concedidas a la dirigente social Milagro Sala.

Mediante un comunicado emitido este viernes por Amnistía Internacional, los abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se denunció "el incumplimiento del Estado argentino de las medidas cautelares dictadas a favor de Sala".

El documento señaló que las indicaciones que determinó el organismo, bajo lo establecido por la Organización de Estados Americanos (OEA), vencían el pasado viernes 11 de agosto.

>> CIDH condena situación del arresto domiciliario de Milagro Sala

El presidente de la CIDH, Francisco de Mendiguren, indicó que el "pasar a una persona de una prisión a otro lugar que no es su domicilio, no es arresto domiciliario, sino cambio de una prisión a otra". Con respecto a ese punto, el texto añade que "tras 14 días desde entonces, y a más de 580 días de privación de la libertad, Milagro Sala permanece detenida".

 

Por otro lado, la resolución del juez Gastón Mercau, que otorgó la "prisión domiciliaria" a Sala a la que alude Mendiguren, vulnera algunos de sus derechos al establecer un límite al número de visitas (no más de siete personas, a excepción de su familia) y el horario de permanencia (de 07H00 a 20H00), según dijeron las organizaciones.

>> Defensa de Milagro Sala pide a los jueces su traslado inmediato al domicilio

"Toda acción, estrategia dilatoria u obstáculo que impida hacer efectiva la medida de prisión domiciliaria compromete la responsabilidad del Estado Argentino en su conjunto", afirmaron Amnistía, el CELS y ANDHES.

Pese a que la justicia de la provincia argentina de Jujuy, en donde la líder se encuentra detenida desde enero de 2016, le concedió el pasado miércoles 16 de agosto la criticada prisión domiciliaria, esta no ha sido reglamentada hasta el momento.


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