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Dos años después de la desaparición de los 43 jóvenes, los familiares y víctimas del caso condenan la falta de gestión del Gobierno mexicano.
La búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa se enfoca este domingo en la ubicación y estudio de fosas clandestinas, con tecnología de punta para detectar alteraciones de tierra en la región de Iguala, estado de Guerrero, al sur de México.
Hasta el momento, los equipos de investigadores responsables de la indagatoria han ubicado al menos 119 lugares de posibles inhumaciones de ese tipo.
>> No hay pruebas de incineración de 43 normalistas en Cocula
"Seguiremos en la lucha cueste lo que cueste"
— CIDH (@CIDH) 11 de noviembre de 2016
Concluimos reunión con @PadresdeAyotzi para presentarles plan de seguimiento #Ayotzinapa pic.twitter.com/W2uEQ1VDdM
Asimismo, hacen énfasis en el rastreo de llamadas telefónicas desde la desaparición de los jóvenes (el 26 de septiembre de 2014) hasta la fecha. De igual forma fueron intervenidas por orden judicial, las llamadas de 132 números, incluidos dos propiedad de miembros de la organización delictiva Guerreros Unidos y 12 de integrantes de la policía de Iguala.
"Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos."
— CIDH (@CIDH) 11 de noviembre de 2016
El mensaje de los normalistas a la llegada del mecanismo de seguimiento a #Ayotzinapa pic.twitter.com/9ZZMA2wPHD
>> GIEI: Gobierno mexicano frustra investigación de Ayotzinapa
Por su parte, el vocero de los padres de los 43 normalistas, Felipe de la Cruz, ha denunciado reiteradamente que el Gobierno mexicano protege a los autores de los hechos.
Existen 29 causas penales del caso, sin embargo, falta complementar ocho órdenes de aprehensión y siguen sin cumplirse varias de las recomendaciones de los expertos internacionales.
La teoría de la PGR indica que los 43 estudiantes fueron detenidos por la Policía de Iguala, entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en el basurero de Cocula.
