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Apostados frente a la sede de la gobernación, miles de trabajadores exigieron mejores condiciones laborales al gobernador opositor José Ivo Sartori y expresaron su rechazo a la inseguridad pública en esa ciudad.
Más de nueve mil trabajadores de la seguridad pública y maestros protestaron este martes contra el gobernador del estado Rio Grande del Sur (al sur de Brasil), José Ivo Sartori.
Los manifestantes se apostaron frente al Palacio Piratini, sede de la gobernación ubicada en Porto Alegre, capital de la entidad, para exigir mejores condiciones de trabajo y en contra del proyecto de Ley de las Directrices Presupuestarias (LDO, por su sigla en portugués).
La posible aprobación de la LDO se pospuso debido a la muerte de un trabajador, por causas ajenas a la protesta.
Funcionários da segurança pública fazem protesto contra o governador José Ivo Sartori. @RdGuaibaOficial pic.twitter.com/URh2OghqiS
— João Praetzel (@joaopraetzel)
July 7, 2015
Los trabajadores también reclamaron una audiencia con Sartori, del opositor Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y fueron recibidos al caer la tarde por el jefe de personal, Márcio Biolchi.
"La razón de la movilización es la inseguridad pública que se ha instalado en Río Grande del Sur y no se ha visto del gobernador Sartori ninguna reacción para combatir este delito y la brutalidad de los crímenes", dijo el presidente de la Unión de Actuarios, Inspectores e Investigadores de la Policía Civil de Río Grande del Sur (UGEIRM), Isaac Ortiz, la policía civil.
Protesto é pacífico. Manifestantes da segurança querem uma audiência com o governador José Ivo Sartori. pic.twitter.com/vCSPR6VJJa
— Mauricio Tonetto (@mauriciotonetto)
July 7, 2015
La marcha, bajo el lema “Seguridad para Todos”, aglomeró a agentes de la Brigada Militar; la Policía Civil (PC); de la Superintendencia de Servicios Correccionales y funcionarios del Instituto General de Pericias.
El proyecto de ley sirve de base para la elaboración del presupuesto anual e incluye además el denominado gasto impositivo, que obliga el ejecutivo federal a pagar las enmiendas parlamentarias individuales, recursos estos destinados a inversiones en las circunscripciones electorales de los diputados y senadores.
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