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El Gobierno del presidente de Bolivia, Evo Morales, exigió el cumplimiento de tratados bilaterales con Chile luego de que dos mil vehículos fueran detenidos en la frontera por la huelga que mantienen los funcionarios aduaneros desde el 20 de mayo. La acción de paro le ha costado a Bolivia pérdidas millonarias.
El canciller de Bolivia, David Choquehuanca, informó este martes en rueda de prensa que más de dos mil vehículos están varados en la frontera con Chile por el paro aduanero de ese país suramericano y manifestó que los derechos humanos de los conductores son transgredidos con este acto intimidatorio, reseñó La Razón.
El Gobierno del presidente Evo Morales exigió a Chile suspender las acciones que obstaculizan el libre tránsito en la frontera y la reparación por los daños ocasionados a los conductores del transporte boliviano, que entre otras cosas carecen de servicios básicos y están expuestos a las fuertes condiciones climáticas.
A la problemática se le añade el hecho de las multas por retraso en devolución de contenedores, la no ejecución de contratos de exportación y realización de obras por falta de insumos retenidos en puertos. Otra de la situaciones en contra son los costos de viáticos y garaje que deben pagar los conductores en Chile.
Para el Ministro de Relaciones Exteriores se trata de "un duro golpe a la economía boliviana, que está provocando millonarias pérdidas injustamente asumidas por el pueblo boliviano'', citó AP. Por tanto “queremos expresar nuestro más enérgico reclamo al constatar que nuevamente Chile incumple sus compromisos y el derecho internacional. Exigimos a la República de Chile la inmediata suspensión de las medidas que impiden circular”.
Al mismo tiempo, Choquehuanca tildó la huelga de “atropello contra el comercio exterior y el desarrollo de Bolivia”.
En ese orden Defensa Civil transportó alimentos a los conductores detenidos en la frontera.
Ante el impedimento del libre tránsito, Choquehuanca denunció el inclumpimiento del artículo 6 del Tratado de 1904, y exigió la Ejecución de la Convención de Tráfico Comercial de 1912, la Convención de Libre Tránsito de 1937 y la Declaración de Arica para asegurar el libre tránsito boliviano. La demanda también fue emprendida ante la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).
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