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El instrumento ahora pasará a ser estudiado en la Comisión de Derechos Humanos.

El instrumento ahora pasará a ser estudiado en la Comisión de Derechos Humanos. | Foto: Desinformemonos

Publicado 31 marzo 2016

El instrumento para reglamentar el artículo 29 de la Constitución fue aprobado por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y ahora pasará a la Comisión de Derechos Humanos.

Con la aprobación del dictamen para reglamentar el artículo 29 de la Constitución se dio un paso más para permitir que el Gobierno de México pueda anular los derechos o garantías que considere un obstáculo para su intervención en los conflictos sociales, lo que ampliaría las facultades del Ejecutivo. 

Según medios locales, la discusión de este instrumento se da cuando los defensores de derechos humanos y los ciudadanos denuncian intentos por reprimir manifestaciones en contra de las megaobras. 

El dato: Ahora el dictamen será estudiado en la Comisión de Derechos Humanos y, de ser aprobado, pasará al pleno para su discusión general.

El documento fue aprobado por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados en su primer día de sesiones. Contiene 34 artículos y contó con el respaldo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Acción Nacional (PAN), PVEM, PES y Panal, mientras que el partido Morena se opuso y se abstuvo el Movimiento Ciudadano.

El artículo 2 señala que "la restricción o suspensión solo procederá en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto".

Y es precisamente ese "otro" el que no se aclara y deja abierto un sin número de posibilidades negativas, en su mayoría. Para la coordinadora de Morena, Rocío Nahle García, es un "cheque en blanco" que deja vacíos legales que pueden violentar los derechos humanos. 

Agregó que si bien la ley define que la solicitud presidencial debe pasar por la revisión del Congreso y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “el decreto de suspensión caminará hacia donde diga el presidente". 

Condenó, además, que no se establezca por cuánto tiempo aplicará la medida debido a que "quitarán garantías cuando se les ocurra".

Precisó que detrás de esta iniciativa está asegurar la instalación de proyectos internacionales que irán al país a partir de reformas estructurales. 

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"Es con miras a someter a la población, pero también va ligado de la mano con garantizar en términos jurídicos, darles garantías a los extranjeros, porque ya tenemos invasiones en Puebla, en Tlaxcala, en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas sobre trabajos de explotación y exploración y ya hay una manifestación muy fuerte de la ciudadanía”, dijo. 

Medios locales informaron que la minuta estipula que la suspensión de garantías puede incluir el sacrificio temporal de derechos y que, además, el Ejecutivo puede permitir que tropas extranjeras se instalen en el país con su autorización.

"El proyecto de ley se escuda en el argumento insostenible de que el estado de excepción puede ser una forma de tutela a los derechos humanos, como si estos pudieran experimentar una amenaza mayor que la de ser suspendidos en su vigencia, así fuera de manera temporal", refirió La Jornada.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Clemente Castañeda Hoeflich, señaló que hay que ser consciente de la falta de confianza que existe en quienes serían los encargados de ejecutar esta legislación, como son los cuerpos militares y de seguridad.

"Tenemos cuerpos de seguridad profundamente cuestionados por su desempeño y en algunos casos por sus nexos con el crimen organizado, en los que no confían los ciudadanos y que han sido señalados por violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, manifestó. 

Especialistas en derecho cuestionaron el instrumento

Los especialistas en derecho constitucional y de derechos humanos advirtieron a medios de comunicación que el dictamen no solo pone en riesgo los derechos humanos de los mexicanos sino que también pone trabas a la facultad de impugnarlo.

“En principio los autos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN] no pueden ser impugnados en amparo. Esto no quiere decir que si hay un exceso no puedas ampararte contra eso”, refirió René Sánchez Galindo, abogado experto en temas de derechos humanos.

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Detallaron que el dictamen descarta la posibilidad de que un ciudadano promueva una suspensión a cualquier decreto de estado de excepción.

Mientras que el abogado e investigador de la Universidad Iberoamericana Erubiel Tirado Cervantes, coincidió en que representa un vacío legal ya que no establece los supuestos en los que estaría basada la decisión presidencial.

En contexto

El artículo 29 de la Constitución establece que hay derechos humanos que el Estado no puede suprimir, aún cuando se declare la supresión de garantías a raíz de una causa que perturbe el orden social.
La iniciativa fue enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso el 22 de octubre de 2013. A la comisiones de Gobernación y Derechos Humanos de la Cámara Baja fue enviada por el Senado de la República en diciembre. 

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