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Con la aprobación del dictamen para reglamentar el artículo 29 de la Constitución se dio un paso más para permitir que el Gobierno de México pueda anular los derechos o garantías que considere un obstáculo para su intervención en los conflictos sociales, lo que ampliaría las facultades del Ejecutivo.
Según medios locales, la discusión de este instrumento se da cuando los defensores de derechos humanos y los ciudadanos denuncian intentos por reprimir manifestaciones en contra de las megaobras.
El documento fue aprobado por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados en su primer día de sesiones. Contiene 34 artículos y contó con el respaldo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Acción Nacional (PAN), PVEM, PES y Panal, mientras que el partido Morena se opuso y se abstuvo el Movimiento Ciudadano.
El artículo 2 señala que "la restricción o suspensión solo procederá en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto".
Y es precisamente ese "otro" el que no se aclara y deja abierto un sin número de posibilidades negativas, en su mayoría. Para la coordinadora de Morena, Rocío Nahle García, es un "cheque en blanco" que deja vacíos legales que pueden violentar los derechos humanos.
Preocupante la irresponsabilidad de @EPN en redacción de #ReformaAl29, nos encaminamos a una dictadura @rocionahle pic.twitter.com/PSvpWlThUt
— GPMorena (@GPMorena63) 29 de marzo de 2016
Regular la restricción de derechos y garantías individuales dará poder absoluto a @EPN para declarar cancelación de garantías @rocionahle
— GPMorena (@GPMorena63) 29 de marzo de 2016
Agregó que si bien la ley define que la solicitud presidencial debe pasar por la revisión del Congreso y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “el decreto de suspensión caminará hacia donde diga el presidente".
Condenó, además, que no se establezca por cuánto tiempo aplicará la medida debido a que "quitarán garantías cuando se les ocurra".
Precisó que detrás de esta iniciativa está asegurar la instalación de proyectos internacionales que irán al país a partir de reformas estructurales.
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"Es con miras a someter a la población, pero también va ligado de la mano con garantizar en términos jurídicos, darles garantías a los extranjeros, porque ya tenemos invasiones en Puebla, en Tlaxcala, en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas sobre trabajos de explotación y exploración y ya hay una manifestación muy fuerte de la ciudadanía”, dijo.
Medios locales informaron que la minuta estipula que la suspensión de garantías puede incluir el sacrificio temporal de derechos y que, además, el Ejecutivo puede permitir que tropas extranjeras se instalen en el país con su autorización.
Con fin de perpetuarse en el poder,Estado de excepción va a Criminalizar de la protesta : derechos tod@s en riesgo https://t.co/r8mrlOqC14
— Alejandro Solalinde (@padresolalinde) 30 de marzo de 2016
"El proyecto de ley se escuda en el argumento insostenible de que el estado de excepción puede ser una forma de tutela a los derechos humanos, como si estos pudieran experimentar una amenaza mayor que la de ser suspendidos en su vigencia, así fuera de manera temporal", refirió La Jornada.
Por su parte, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Clemente Castañeda Hoeflich, señaló que hay que ser consciente de la falta de confianza que existe en quienes serían los encargados de ejecutar esta legislación, como son los cuerpos militares y de seguridad.
"Tenemos cuerpos de seguridad profundamente cuestionados por su desempeño y en algunos casos por sus nexos con el crimen organizado, en los que no confían los ciudadanos y que han sido señalados por violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, manifestó.
Especialistas en derecho cuestionaron el instrumento
Los especialistas en derecho constitucional y de derechos humanos advirtieron a medios de comunicación que el dictamen no solo pone en riesgo los derechos humanos de los mexicanos sino que también pone trabas a la facultad de impugnarlo.
“En principio los autos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN] no pueden ser impugnados en amparo. Esto no quiere decir que si hay un exceso no puedas ampararte contra eso”, refirió René Sánchez Galindo, abogado experto en temas de derechos humanos.
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Detallaron que el dictamen descarta la posibilidad de que un ciudadano promueva una suspensión a cualquier decreto de estado de excepción.
Mientras que el abogado e investigador de la Universidad Iberoamericana Erubiel Tirado Cervantes, coincidió en que representa un vacío legal ya que no establece los supuestos en los que estaría basada la decisión presidencial.
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