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Publicado 4 marzo 2014

Al menos 131 aspirantes al Congreso de Colombia, que este próximo 9 de marzo competirán por un curul, tendrían posibles vínculos con grupos paramilitares y con redes del narcotráfico y el contrabando.

A juicio del analista colombiano, León Valencia, el mayor riesgo que se presenta con esta situación es que los presuntos vinculados son los más opcionados a obtener una curul en el Congreso de la República.

En los departamentos Bolívar (norte), Santander (centro), Guajira (norte), Sucre (noroeste), Cesar (norte), Casanare (noreste), Magdalena (norte) y Norte de Santander "las casas de la parapolítica se van a quedar con el mayor número de parlamentarios", explicó Valencia, también líder de la Fundación Paz y Reconciliación.

El Partido Liberal tiene 28 candidatos vinculados a este fenómeno. El Partido Conservador y el Partido de la Unidad Nacional tienen 27 cada uno. Cambio Radical 19. Uribe Centro Democrático 8, indicó.

Los herederos de la parapolítica y los aliados de poderosas fuerzas ilegales han contaminado toda la política colombiana. "Con sus ríos de dinero elevaron el costo de las campañas de manera tal que los competidores tienen que apelar a la corrupción simple y llana, a la captura de cuantiosos contratos del Estado, para ganar elecciones", sentenció Valencia.  

Se dice ahora que para asegurar una elección al Senado son necesarios tres mil millones de pesos (un millón 459 mil 880 dólares) y para la Cámara se necesitan 900 millones (437 mil 965 dólares). Eso sobrepasa con creces el salario de cuatro años de un congresista.

El escándalo de la parapolítica en Colombia se desató en 2006 por la revelación de los vínculos políticos con paramilitares, con posterioridad al proceso de desmovilización que adelantaron varios de los grupos que conformaban las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según las investigaciones y condenas judiciales varios dirigentes políticos y algunos funcionarios del Estado se beneficiaron de estas alianzas por medio de la intimidación y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil, algunos alcanzaron cargos en alcaldías, consejos, asambleas municipales y gobernaciones así como en el Congreso de la República y otros órganos estatales.

A su vez algunos de los políticos desde sus cargos desviaron dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales y filtraron información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado entre otras acciones criminales con el objetivo de extender su poder en el territorio nacional.


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