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Estos hechos violentos contra quienes abandonaron la lucha armada ponen en riesgo el proceso de implementación de los acuerdos de paz en Colombia.

Estos hechos violentos contra quienes abandonaron la lucha armada ponen en riesgo el proceso de implementación de los acuerdos de paz en Colombia. | Foto: FARC - EP

Publicado 20 julio 2017

Un informe presentado por la Fundación Paz y Reconciliación reveló la existencia de al menos cinco exinsurgentes y nueve de sus familiares asesinados, a pesar de la firma de los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el Gobierno de Colombia.

Tras ocho meses de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), organizaciones sociales y no gubernamentales han denunciados los asesinatos de cinco exinsurgentes y nueve familiares de integrantes del movimiento.

Las cifras las dio a conocer un informe presentado por la Fundación Paz y Reconciliación titulado “Cómo va la paz” (en Colombia), en el que se realiza un diagnóstico de como marcha el proceso de implementación.

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En conversación con teleSUR el analista político y experto en temas de paz, Álvaro Villarraga, afirmó que el respeto a la vida, la integridad, a las garantías de los excombatientes en un proceso de paz, son un tema de absoluto compromiso dentro de este proceso de implementación de los acuerdos de La Habana.

Estos hechos “menoscaban la posibilidad de garantizar la construcción de la paz en todas las maneras coherentes, y se convierte en un incumplimiento desde la parte estatal y gubernamental frente a la insurgencia que ha dejado las armas y que está transitando en su inclusión ya a la vida política del país”, dijo.

De acuerdo con la investigación de la fundación los crímenes han sido selectivos y fueron registrados en vísperas de la dejación de la totalidad de las armas por parte de las FARC-EP, hace pocas semanas atrás principalmente en municipios de los departamentos de Caquetá, Cauca y Nariño, en el extremo sur del país.

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El informe califica estos hechos como violentos “contra quienes abandonaron la lucha armada” y resulta un suceso grave si se tiene en cuenta que vulnera el hecho de la reincorporación a la vida civil y política de los exinsurgentes.

En ese sentido Villarraga precisó que “existe discusión necesaria” pues las autoridades gubernamentales colombianas “no han comprendido la dimensión de este riesgo y se resisten a reconocer que se trata de una acción sistemática y de unos actores empeñados en atacar el proceso de paz de varias formas, incluso con el asesinato de líderes sociales, opositores políticos, defensores de derechos humanos y ahora también a los propios gestores de este proceso de paz”.

Por esto, Gobierno y FARC-EP acordaron extender el plazo a 20 días adicionales para el desarme y 60 para la reincorporación.
El proceso de desarme de las FARC-EP finalizó el pasado mes de junio.


Esta situación pone en riesgo los acuerdos de paz que fueron pactados en La Habana entre Gobierno colombiano y las FARC-EP, principalmente el asunto referente al punto 5 sobre las garantías de la no repetición de crímenes, un punto que por tradición ha fallado en los anteriores pactos de paz fracasados.

Villaraga lamentó que en Colombia "periódicamente se han registrado incumplimientos en pactos de paz entre la guerrilla y el Gobierno, en lo que respecta a garantías".

El experto en temas de paz se refirió a lo ocurrido en la década de los 50 con las guerrillas liberales y comunistas donde hubo incumplimientos de garantías y varias víctimas. Lo mismo sucedió, en los años 80 donde asesinaron a 70 excombatientes, varios de esos amnistiados, esto se repitió también con el exterminio de la Unión Patriótica en la década de los 90, donde mueren cientos de sus dirigentes sindicales y muchos se fueron del país exiliados.

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"Ahora el Gobierno y el estado no puede tolerar y mucho menos verse comprometido con una ausencia de garantías o con una repetición" afirmó Villaraga quien se refirió a la importancia de que Naciones Unidas respalde el cumplimiento del principio de garantía que está consagrado en el pacto de La Habana.

La no repetición de graves crímenes debe cumplirse sentenció el analista político y agregó "si en pasados procesos de paz ocurrieron crímenes y hubo víctimas desmovilizadas, esto hoy no debe repetirse. El Gobierno colombiano, con transparencia, claridad y compromiso debe brindar todas las garantías para la paz".

El dato: Según el informe de Fundación Paz y Reconciliación, además de las víctimas entre exinsurgentes y sus familiares, se suman otros 33 atentados reportados por la Defensoría del Pueblo contra líderes sociales, comunales y de derechos humanos en lo que va del 2017.

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