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Si el juez Griesa dictara hoy que Argentina desacata a su tribunal, el país se enfrentaría a una multa de 50 mil dólares al día y futuras sanciones no económicas. (Foto: Archivo)

Si el juez Griesa dictara hoy que Argentina desacata a su tribunal, el país se enfrentaría a una multa de 50 mil dólares al día y futuras sanciones no económicas. (Foto: Archivo) | Foto: EFE

Publicado 29 septiembre 2014





El Gobierno argentino considera "inconcebible" que el juez estadounidense Thomas Griesa declare en desacato a esa nación suramericana por la deuda soberana adquirida en gobiernos que anteceden al de la presidenta Cristina Fernández y Néstor Kirchner.

El Gobierno de Argentina calificó este lunes de "inconcebible" que la justicia de Estados Unidos (EE.UU.) declare en desacato al país austral por no cumplir una orden con el pago de las deudas adquiridas en gobiernos anteriores.

En una carta enviada por la embajadora argentina en Washington, Cecilia Nahón, al secretario de Estado estadounidense, John Kerry, consideran "un disparate jurídico" que los fondos buitre hayan solicitado al juez neoyorquino Thomas Griesa que declare en desacato a Argentina y le imponga sanciones por no acatar un fallo adverso.

"La responsabilidad internacional de los Estados Unidos de América en ningún modo puede eximirse por el actuar de su Poder Judicial, dado que, según los principios del derecho internacional, un Estado debe responder por los actos u omisiones cometidos por cualquiera de sus órganos", señaló en la carta a Kerry.

Griesa declaró a Argentina en desacato porque no ha cumplido con su fallo. ¿En qué consiste la sentencia de Griesa? En que Argentina debe pagar primero a los fondos buitre con reservas soberanas, antes que a los bonistas que se adhirieron al proceso de canje.

La deuda que Griesa ordenó cancelar a Argentina es de mil 330 millones de dólares más intereses, pero funcionarios del país suramericano advirtieron que, en caso de pagarla, la nación sufriría nuevos litigios multimillonarios en su contra.

"Los fondos buitre fundamentan esta insólita pretensión en la actuación de órganos políticos de un Estado soberano, que han actuado de conformidad con atribuciones y facultades conferidas por la Constitución Nacional. Por lo tanto, no pueden, de ninguna manera, estar sujetos al escrutinio de un juez extranjero, y en el supuesto incumplimiento de una orden judicial que, como la República ha demostrado, es de imposible cumplimiento", sentenció el canciller argentino, Héctor Timerman.


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