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A los enviados por la ONU a evaluar las zonas de reubicación les fue impedido el paso por los organismos de seguridad.

A los enviados por la ONU a evaluar las zonas de reubicación les fue impedido el paso por los organismos de seguridad. | Foto: @mapder

Publicado 31 agosto 2017

El proyecto de la presa El Zapotillo, en el estado mexicano de Jalisco, amenaza a los habitantes de las comunidades cercanas, quienes denuncian violaciones a sus derechos por parte de las autoridades.

Los pobladores de las localidades mexicanas de Temacapulín, Acasico y Palmarejo denunciaron este miércoles sufrir hostigamiento y violaciones a sus derechos por parte de autoridades que pretenden obligarlos a dejar sus casas para la puesta en marcha de la presa El Zapotillo, en el estado de Jalisco.

Según fuentes locales, algunos habitantes fueron convencidos, con "engaños", por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de vender sus propiedades y ser reubicados en otros predios, una promesa que para muchos no se ha cumplido.

"Vinieron y dijeron que negociemos por la buena y si no, vamos a dar motivo a que seamos expropiados y al ser expropiados ellos van a pagar nuestros terrenos como ellos digan", afirmó Luis Villegas, vecino de la comunidad, quien interpuso un juicio de amparo para evitar el despojo de sus propiedades.

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La presa de El Zapotillo es un polémico proyecto financiado desde hace 12 años por la Conagua, así como los estados de Jalisco y Guanajuato.

Acasico está a 15 kilómetros de distancia de la cortina de El Zapotillo y, en caso de concretarse el proyecto de la presa, el pueblo sería inundado. En el lugar solo permanecen unas 15 familias, luego de la marcha de la mayoría de residentes.

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De las 98 casas que la Conagua prometió a los pobladores, 32 están en construcción en un predio cercano, pero la obra está parada desde hace meses con el argumento de que "no hay dinero para terminarla", según denuncian los habitantes.

Algunos de los habitantes de Palmarejo y Temacapulín fueron trasladados al predio de Talicoyunque, conocido ya como Nuevo Temacapulín y que es administrado y custodiado por la Comisión Estatal del Agua (CEA) de Jalisco.

Visita de la ONU

A petición de organizaciones civiles y los pobladores, oficiales de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizaron el martes una misión de observación, para conocer las zonas de reubicación con la intención de dialogar con los afectados.

Sin embargo, a los representantes del organismo internacional les fue prohibida la entrada a las zonas de reubicación por las fuerzas de seguridad del lugar según sostuvo María González Valencia, coordinadora del área de Acción para la Defensa del Territorio del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).

Basado en un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, dio a conocer a finales de junio que permitirá la inundación de los tres poblados, lo que generó el repudio de los habitantes.

Por su parte, María Alcaraz, habitante de Temacapulín, insiste en que no cederán ante la presión del gobierno estatal para dejar sus casas y el pueblo que vio nacer a sus ancestros, ya que no hay un lugar seguro al que puedan ir.

Los habitantes de Temacapulín aseguran que, lejos de temer a la reciente decisión del gobernador, se sienten fortalecidos para "seguir la lucha".


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