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El impeachment invariablemente representa una desviación de las luchas sociales y de derechos humanos en la historia de Brasil, tanto en el plano nacional, como internacional y regional.

El impeachment invariablemente representa una desviación de las luchas sociales y de derechos humanos en la historia de Brasil, tanto en el plano nacional, como internacional y regional. | Foto: EFE

Publicado 31 agosto 2016

Destituir a la mandataria de Brasil será, en el plano nacional, un retroceso en las luchas sociales; y en el plano internacional, se herirá a los bloques de la región alternativos al poder hegémonico.

La aprobación del impeachment que se realiza en contra de la presidenta constitucional Dilma Rousseff expresará políticamente una inflexión, una desviación en la historia de Brasil por un período imprevisible. Así lo advirtió el diario Inverta, medio de comunicación del Partido Comunista Marxista-Leninista de Brasil (PCML-Br).

El Golpe busca instituir un régimen parlametario corrupto.

En un extenso editorial, el medio indicó que la lógica de este golpe es la misma que la del golpe de Estado en 1964:

"Liquidar el régimen presidencialista e instituir uno parlamentarista bajo la hegemonía de una mayoría corrupta, ilegal e ilegítima (...) Ello servirá de máscara a la verdadera faz y objetivo del golpe, que es superar la crisis del capital y sus implicaciones sobre el ciclo económico en el país a través de un programa neoliberal privatista, entreguista, antidemocrático, antipopular y antiobrero".

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Desde la perspectiva del PCML-Br, la trama golpista fue urdida el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), junto a aliados que se negaron a reconocer la victoria de Rousseff y del Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones de 2014.

Pero en el golpe también intervinieron miembros fascistas y neofascistas de las instituciones judiciales, las cuales "acumularon poder sobre la mayoría corrupta y criminal del Congreso Nacional (Cámara y Senado), llegando al ápice con la operación Lava Jato y el control de las decisiones en las dos casas, compeliéndolas en el sentido del escopo golpista", subrayó la editorial.

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Un poder que interviene aisladamente en otro viola el Estado de Derecho

El PCML-Br se encargó de recordar que el impeachment es un proceso que se constituye en contenido y forma y que por tanto este no puede existir solo como forma (a nivel jurídico) o solo como contenido (a nivel político). Por ello, ningún poder aislado puede intervenir en otro sin romper con el Estado de Derecho e inaugurar un régimen de excepción.

De acuerdo con la división de poderes, es al Judicial al que le corresponde interpretar la ley y la conducta infractora tipificada, no así al Legislativo o al Ejecutivo. Solo el Judicial es quien "tiene la última palabra" sobre si lo que se presenta ante una de sus salas es un crimen o no. Al Senado Federal, como parte del Congreso Nacional y de Poder Legislativo, le corresponde el juicio político obediente al debido proceso legal, pero todo dentro del espíritu de la ley.

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Esto quiere decir que es es necesario que los dos poderes, en juicios independientes, deben tener sentencias similares y armónicas para entonces finalmente poder intervenir el tercer poder (en este caso el Ejecutivo) que se presume se encuentra en desarmonía constitucional.

De allí que para el partido comunista, es deplorable la actuación del Supremo Tribunal Federal (STF), representante del Poder Judicial. "Este no puede considerar el impeachment acto interna corporis (como una regulación intrínseca dadas por el propio Parlamento, es decir del Poder Legislativo, en uso de su potestades más esenciales) y legitimar la usurpación de sus poderes y la violación de los principios constitucionales".

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Un proceso irreversible

En cuanto a la irreversibilidad del apartamiento de su mandato a Dilma Rousseff, el PCML-Br plantea tres escenarios y todos se suscriben bajo un "telón de fondo (de) una visible inflexión en la lucha de clases y en la historia del país".

En el plano nacional, respecto al gobierno provisional que inició el pasado 12 de mayo con el vicepresidente Michel Temer, el partido recalcó como con este se dio paso al desmontaje gubernamental de una estructura orientada a procurar y proteger los intereses sociales, culturales, raciales, de la diversidad y de los derechos humanos.

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En el plano internacional, se manifiesta "la clara política de hablar fino con las grandes potencias y duro con los pequeños países" inflingiendo gravemente las estructuras alternativas al sistema hegemónico como la Unión de Naciones Suramericana (Unasur), Mercado Común del Sur (Mercosur) o el BRICS (el bloque comercial compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Pero también se liquida el protagonismo regional y mundial conquistado por Brasil en los últimos 13 años.

"El programa golpista es un proyecto neoliberal de regresión histórica de Brasil al papel subordinado de colonia testaferro y subimperialista en la región", concluyó la editorial.

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En contexto
Rousseff fue suspendida de sus funciones el 12 de mayo porque el Senado decidió juzgarla por presunta manipulación de las cuentas públicas en 2014 (año de su reelección) y a inicios de 2015. El proceso fue abierto en diciembre de 2015, y tras recorrer un largo camino por la cámara baja y la cámara alta del Congreso, de recolección de pruebas, presentación de testimonios y otras diligencias por parte de una comisión especial del Senado; Rousseff fue hallada culpable y destituida definitivamente por más de 54 votos (dos tercios del Senado).

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