Denuncian al Gobierno colombiano ante la CIDH por asesinato de afrodescedientes

Las organizaciones de derechos humanos de Colombia denunciaron este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno de Juan Manuel Santos por su pasividad ante los asesinatos de líderes sociales afrodescendientes. 

"Desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre pasado, se reporta un asesinato de líderes sociales de más de 200 personas, entre ellas muchas afrodescendientes, y el problema de esto es que la protección de tales líderes hace parte del Acuerdo de Paz", comentó la dirigente del colectivo Proceso de Comunidades Negras (PCN), Conpa Charo.

PCN, junto con el Observatorio de Discriminación Racial (ODR) y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), realizó la denuncia en el 163 período de sesiones de la Comisión realizada este miércoles en Lima (Perú).

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Durante la audiencia, la CIDH evaluó la situación de derechos humanos de los afrodescendientes afectados por el conflicto armado en Colombia, por lo que esperan que ese órgano dicte recomendaciones al Estado para que agilicen las medidas de protección a los líderes sociales.

"El grupo que estuvo presente en la CIDH llevó recomendaciones muy precisas y algunas tuvieron que ver con generar de inmediato los procesos y las recomendaciones que se requieren por parte del Estado, al tiempo que se buscó que ese organismo dicte medidas cautelares de manera pronta", detalló Charo.

Según la activista, desde noviembre pasado, cuando se firmó el Acuerdo de Paz entre el Ejecutivo colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), "se fijaron unos mecanismos que el Gobierno debe desarrollar para garantizar la protección y desmantelamiento de estas fuerzas armadas ilegales, pero nada de eso ha pasado", enfatizó.

Las violaciones de derechos humanos afectan también a las poblaciones de raizales y palenqueros del país, en especial las localizadas al suroeste y norte, a las cuales el Gobierno ha incumplido en lo referente al capítulo de protección étnica establecido en el Acuerdo de Paz, algo que también fue denunciado ante la CIDH.

Igualmente, en la audiencia se expusieron las violaciones de derechos humanos de las que son objeto las mujeres afrodescendientes por cuenta del conflicto armado, así como también "la violencia perpetrada por el Estado colombiano contra el pueblo de Buenaventura (suroeste)", durante el paro cívico que se desarrolló por 22 días en mayo de 2017.