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La figura del revocatorio está contemplada en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La figura del revocatorio está contemplada en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. | Foto: AVN

Publicado 20 abril 2016

El Parlamento de Venezuela, con mayoría opositora, aprobó la Ley Orgánica de Referendos, que de acuerdo con el Bloque de la Patria busca reducir el mandato del presidente Maduro.

El Parlamento de Venezuela, con mayoría circunstancial opositora, aprobó este miércoles en su segunda discusión el proyecto de Ley Orgánica de Referendos.

La derecha parlamentaria dio el visto bueno a la normativa que, de acuerdo a los diputados del Bloque de la Patria, atenta contra la Constitución Nacional. No obstante, el instrumento que consta de 73 artículos fue devuelto a la Comisión Permanente de Política para agregar algunos cambios y luego enviarlo al pleno de la Cámara para su aprobación.

De darse la aprobación definitiva por la Asamblea Nacional venezolana, el proyecto de ley deberá ser enviado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico.

>> Grupo opositor ataca canal de televisión del Estado venezolano

El dato: La figura del revocatorio está contemplada en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, gracias al impulso del comandante Hugo Chávez.

Los diputados del Bloque de la Patria recordaron que la Carta Magna venezolana ya contempla los mecanismos para la aplicación de un referendo y que el órgano al que compete la normativa electoral es el Consejo Nacional Electoral.

Asimismo, advierten que mediante la modificación de la Constitución la derecha venezolana está tratando de reducir el periodo del actual presidente Nicolás Maduro, que fue elegido de forma legítima y democrática. 

>> Comité de víctimas expresa en EE.UU. rechazo a Ley de Amnistía

La derecha en la Asamblea Nacional venezolana aprobó la llamada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que ha sido cuestionada por la mayoría de la población, organizaciones sociales, políticas y movimientos tanto dentro como fuera de ese país por ser un instrumento jurídico que promueve la impunidad.

El instrumento legal abarca hechos desde 1999, incluyendo el golpe de Estado de 2002 y el paro petrolero de ese mismo año.

La Ley de Amnistía dejaría sin efectos las sanciones penales de unos 50 delitos, entre ellos: la estafa inmobiliaria, el sabotaje eléctrico, el acaparamiento y la especulación de alimentos y medicinas (incluyendo la venta de productos vencidos), el uso de armas de fuego y de explosivos.

La normativa dejaría en libertad a dirigentes opositores imputados por su responsabilidad en casos de violación de derechos humanos, también a los prófugos de la justicia y promotores de violencia, como Leopoldo López, Antonio Ledezma, Guillermo Zuloaga y Nelson Mezerhane.

No se trata sólo de los implicados en las guarimbas de 2014, sino de quienes participaron, promovieron y financiaron disturbios y ataques contra el pueblo venezolano desde 2002.


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