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El referendo de autodeterminación fue declarado ilegal por la justicia española y de llevarse a cabo podría acarrear responsabilidades penales para los integrantes del consejo ejecutivo catalán.

El referendo de autodeterminación fue declarado ilegal por la justicia española y de llevarse a cabo podría acarrear responsabilidades penales para los integrantes del consejo ejecutivo catalán. | Foto: EFE

Publicado 14 julio 2017

El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y el vicepresidente Oriol Junqueras, se reunieron en el parlamento para ajustar las funciones de su Gobierno y así afrontar el referendo independentista que se celebrará el próximo 1 de octubre.

Carles Puigdemont, presidente de Cataluña, anunció este viernes que tres miembros de su Gobierno dimitieron cuando faltan dos meses y medio para el referendo independentista de España. 

Puigdemont informó en rueda de prensa que la portavoz del Gobierno, Neus Munté; el consejero de Interior, Jordi Jané; y la consejera de Educación, Meritxell Ruiz, "han decidido dar un paso al lado".

>> Rajoy: El Gobierno sabe perfectamente lo que tiene que hacer en Cataluña

Tanto la figura del portavoz del Gobierno Regional, el Consejo de Interior, el Consejo de Educación y el Consejo de Empresas, son piezas clave a la hora de la ejecución del referendo.

El consejero de Empresa Jordi Baiget fue destituido a principios de julio, luego que mostrara temor por las repercusiones que podían producirse en su vida personal.

El referendo independentista fue declarado ilegal por la justicia española y de llevarse a cabo podría acarrear responsabilidades penales para los integrantes del Consejo Ejecutivo catalán.

El presidente regional de Cataluña deberá renovar a cuatro de sus 12 consejeros a menos de ochenta días de la fecha clave, que permitirá a los catalanes encarar en la recta final de su conflicto con el Gobierno español de Mariano Rajoy, opositor a la consulta.

>> España anula partidas presupuestarias para el referendo catalán

Puigdemont aseguró que están al tanto de las trabas que encontraran en el camino hacia la votación gracias a "la hostilidad permanente del Estado", pero a pesar de ello se mostró convencido de la realización de la consulta popular.

"Se nos hace difícil ver (...) como se puede impedir que millones de personas que quieren votar no vayan a votar", añadió.


 

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