Boletines
Opacidad
Opacidad
Señal en Vivo
Solo Audio
Hace dos años inició el proceso de exhumación de los restos de Pablo Neruda. Pese a que las pericias forenses no arrojaron la existencia de sustancias tóxicas, la investigación no se ha cerrado porque no puede descartarse el posible asesinato del poeta chileno.
El 8 de abril de 2013 los restos del poeta chileno Pablo Neruda (1904-1973) fueron exhumados de la tumba ubicada en la Isla Negra, en el litoral central de Chile, en la que reposaban desde 1992, con el propósito de determinar si murió de cáncer o fue asesinado por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet.
El juez chileno Mario Carroza ordenó la exhumación como parte del proceso iniciado en 2011, cuando el Partido Comunista presentó una querella para esclarecer las causas de la muerte del poeta.
El exchofer y empleado de confianza de Neruda, Manuel Araya Osorio, denunció en 2011 que el poeta había sido envenenado durante la dictadura de Pinochet mientras permanecía hospitalizado por un cáncer de próstata.
El certificado de defunción señala que Neruda falleció por complicaciones relacionadas con el cáncer y destaca que tenía caquexia, una debilidad muscular extrema, fatiga y desnutrición.
Pese a que los registros médicos deben ser conservados durante 40 años, el historial médico de Neruda desapareció de la Clínica Santa María, por lo que no deja constancia de una inyección con sedantes aplicada en su abdomen para mitigar los dolores. El sedante pudo haberle provocado un shock que derivó en infarto.
Ordenan devolución de los restos de Neruda
Carroza recientemente ordenó la devolución de los restos del poeta y aseguró que “ya se encuentran cumplidas la totalidad de las diligencias científicas que hacían necesaria la permanencia de los restos a disposición del tribunal”, señaló la resolución.
El juez de la causa explicó que sólo quedan pendientes las pericias ordenadas el 5 de mayo de 2014, “consistentes en la realización de estudios proteómicos y genómicos”, que se encuentran “en el avance que cada una de las instituciones involucradas ha comunicado debidamente al tribunal”.
El pasado 21 de enero, el Gobierno de Chile se hizo parte del caso por medio del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, con el propósito de colaborar con el “esclarecimiento de los hechos (...), por cuanto existen antecedentes de que este caso podría consistir en un crimen de lesa humanidad”, dijo en ese momento Francisco Ugás, secretario ejecutivo del programa.
Lea también
