Además del excontralor, Celi, otros 12 imputados tendrán que comparecer en el juicio por delitos de corrupción.
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador citó a juicio al excontralor subrogante Pablo Celi y a 12 acusados más acusados de delitos de corrupción en relación con el caso Las Torres, según informó este lunes ese ente judicial.
LEA TAMBIÉN:
Gobierno ecuatoriano remueve a comandante general de la policía
Para el proceso conseguido por el magistrado Felipe Córdova tendrán que presentarse, además de Celi, el exgerente de la empresa pública Petroecuador, Pablo Flores; y el exgerente de Refinación de la propia compañía, Mauricio Orellana.
Además de los empresarios Pedro Saona, Andrés Luque, Ángelo Rodríguez y Álvaro Jorge de Guzmán; la exfuncionaria de Petroecuador Natalia Cárdenas; y el hermano del exsecretario general de la presidencia de la república José Agusto Briones Adolfo, Agusto Briones.
��️ #CalendarioDeAudiencias | Compartimos los horarios de las audiencias que se realizarán el 24 de enero de 2022.
— Corte Nacional (@CorteNacional) January 24, 2022
�� Descarga el archivo aquí ➡️ https://t.co/fAcizuQzXM pic.twitter.com/5SUWRAc1Sp
La audiencia preparatoria para el juicio fue retomada este lunes luego de que fuera detenida el pasado mes de diciembre, en un caso que inició en abril del pasado año.
Al tiempo de iniciarse el proceso judicial, Celi fue colocado en prisión preventiva en la que presentó su renuncia al cargo de contralor y más adelante fue censurado por la Asamblea Nacional ecuatoriana.
Por el incidir en delincuencia organizada, Celi y Flores pueden enfrentarse a penas entre siete y diez años de cárcel, mientras el resto pudiesen estar tras las rejas entre cinco y siete años.
Según los elementos expuestos por la parte acusadora, directivos del Gobierno, específicamente de la Contraloría General del Estado y la Secretaría General de la Presidencia, en contubernio con instituciones públicas y privadas en relación con la empresa Petroecuador, construyeron una red criminal que les permitió obtener ganancias a partir de gestiones y cobros de sobornos; todo esto entre los años 2017 y 2020.