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El Gobierno de Puerto rico anunció el miércoles 9 de septiembre un plan de medidas de ajuste fiscal para poder afrontar la deuda que la isla caribeña mantiene con sus acreedores internacionales.
Entre las normas a aplicar se encuentran recortes en las pensiones de los maestros, la creación de una nueva junta de control financiero y la reestructuración de la deuda que para los próximos cinco años alcanza los 18.000 millones de dólares.
Según la propuesta presentada a los bonistas dos meses después de anunciar su intención de negociar una deuda que la isla ha calificado de impagable, el Gobierno plantea pagar únicamente unos 5.000 millones de dólares durante los próximos cinco años, sin concretar a qué tipo de bonos querría dar preferencia.
En la actualidad la isla caribeña vive las consecuencias de la fuerte migración de puertorriqueños hacia Estados Unidos, el hecho de que solo un 40 por ciento de la población activa sea parte de la fuerza laboral y que las pensiones ya no obtengan financiación; y, sobre todo, casi una década de recesión que generó una deuda acumulada de 73.000 millones de dólares.
Ante ese panorama, y la falta de ayuda por parte del Gobierno estadounidense para que Puerto Rico solvente la deuda, el gobernador Alejandro García Padilla presentó el nuevo plan de recortes que deberá ser aprobado por los legisladores.
Sin embargo, la batería de medidas anunciadas para contener el gasto y reactivar la economía implican en su mayoría una negociación parlamentaria o concesiones de Washington, al tiempo que la negociación con los titulares de bonos también se promete larga y complicada.
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Protestas contra los recortes
Tras el anunció del programa, organizaciones y sindicatos de profesores protestaron en contra de su aplicación, ya que el área de la educación será una de los más perjudicados por la serie de ajustes.
La Coordinadora Sindical, que agrupa a 15 gremios de corporaciones públicas de Puerto Rico, propuso organizar una movilización este viernes 11 de septiembre frente al Capitolio en San Juan para manifestarse en contra del Gobierno por los problemas fiscales de la isla.
El organismo sindical afirmó que actualmente existe un grupo de asesores, abogados de corporaciones, gobernantes, economistas, contratistas y otros allegados al poder económico que viven del conflicto y la crisis.
De acuerdo con la organización, esas personas señalan a que la clase trabajadora, los desempleados, amas de casa, jóvenes, estudiantes, jubilados y todos los asalariados “asuman el mayor peso por la crisis causada por su forma de gobernar y organizar el país”.
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