La fiscal general de México, Ernestina Godoy, presentó este martes una iniciativa de reforma constitucional de una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio. Con penas hasta de 70 años de prisión y que considera 21 agravantes, la reforma de ley será enviada al Senado por la presidenta Claudia Sheinbaum, refirió la fiscal.

En este sentido declaró que “desde la Fiscalía General de la República reconocemos con plena conciencia que hablar de feminicidio no solo es hablar de cifras o de normas jurídicas, es hablar de vidas que fueron arrebatadas, y de una deuda histórica en materia de investigación y acceso a la justicia a las mujeres y familias víctimas de este flagelo social”.

Al puntualizar que combatir las violencias contra las mujeres es una lucha permanente en la que podemos converger las instituciones del Estado, las colectivas feministas, académicas, organizaciones de la sociedad civil, Godoy agregó que “este delito, que afecta a miles de mujeres, nos debe llamar a erradicar la violencia feminicida, y esto es lo que estamos buscando con esta propuesta”.

La fiscal resaltó la responsabilidad de las instituciones y agregó que “el feminicidio es un hecho social que demanda la reconfiguración y maximización de acciones de Fiscalías y Procuradurías, y de diversos actores institucionales y sociales, a fin de erradicar este ciclo de violencia, y no vulnerar el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad, a la igualdad y el acceso a la justicia de mujeres y familias”.

Para enfrentar la violencia feminicida, dijo, “se requiere, en primer lugar, una reforma constitucional con el objeto de modificar el inciso “a” de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, a efecto de facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en Materia de Prevención, Investigación y Sanción del Feminicidio, que establezca el tipo penal y sus sanciones”.

Esto, argumenta, permite “una adecuada articulación de acciones que garanticen, desde los distintos niveles de Gobierno e instituciones, el acceso a una vida libre de violencia de las mujeres y las niñas y adolescentes, fortaleciendo al Estado mexicano para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres”.

La Ley contiene 21 agravantes entre las que se encuentran que la víctima sea niña, adolescente o persona mayor, que la víctima tenga alguna discapacidad, que se cometa el feminicidio frente a hijas o hijos, que la víctima se encuentre en situación de movilidad, migrantes, que pertenezca a pueblos originarios y afrodescendientes, entre otras.

De acuerdo a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, según los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 2.481 mujeres y niñas fueron reportadas oficialmente como desaparecidas en 2022.

«No obstante, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, una organización de la sociedad civil, el número real puede ser mayor. Las desapariciones de mujeres en México esconden otras formas de violencia contra las mujeres, entre ellas el feminicidio, el secuestro y la trata de personas, señaló el instituto en un informe reciente», argumentó la entidad.

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