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Recientemente un ministro acusó a los habitantes sureños de despilfarrar los recursos casi gratuitamente para justificar los aumentos de hasta un 2000% en las últimas facturas de servicios públicos. Las exorbitantes subas son consecuencia de la eliminación de los subsidios al gas, luz, agua y transporte que realizó la administración de Mauricio Macri como estrategia de un plan de ajuste, para reducir el déficit fiscal.
Una sola frase bastó para abrir el debate sobre el acceso a los servicios esenciales que satisfacen las necesidades básicas de las familias y garantiza la actividad de los comercios y pymes: “Teníamos -10°C en las provincias del sur y la gente estaba en remera en la casa o abría las ventanas de tanta calefacción que tenían, porque era gratis prácticamente el servicio público”.
La declaración pertenece al ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, en referencia al consumo de gas en la Patagonia argentina, considerada la zona más fría del país, donde sus temperaturas bajo cero se extienden durante seis de los doce meses que tiene el año.
El argumento fue fundamentado además en que los ciudadanos deben ser más “amigables con el medioambiente”. En otras palabras, habló de que los sureños argentinos despilfarraban los recursos naturales a bajo precio.
La respuesta no tardó en llegar y los ciudadanos del sur se preguntaron si “en el centro del país se apagan los millones de aires acondicionados durante los meses de verano, mientras que la Patagonia no los utiliza”; si se racionaliza la energía eléctrica en la Ciudad de Buenos Aires, siendo la jurisdicción que más consumo energético posee o, si “los funcionarios del Gabinete nacional, provenientes del sector empresarial, duermen en hoteles sin calefacción o que no cuenten con aires acondicionados”.
Pidieron además que el ministro nacional “no se deje llevar por chusmerios”, donde supuestamente gobernadores confirmaron su teoría en una reunión privada.
Las declaraciones de Frigerio desataron el enojo de los habitantes de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
La disconformidad se expresó en las redes sociales, principal vía de comunicación alternativa a los medios masivos de comunicación, que aún continúan reflejando una parte de la conflictividad actual en la economía doméstica de un trabajador asalariado en Argentina.
La polémica comenzó con las medidas de ajuste de la administración económica de Mauricio Macri, quien eliminó los subsidios a las tarifas de luz, gas, agua y transporte, mientras que en su campaña presidencial desmintió enfáticamente esa posibilidad. Los incrementos en dichos servicios fueron de entre un 300% y 2.000% más.
Una vivienda patagónica pasó de pagar una factura de 700 pesos a 3.000 pesos argentinos o, en dólares, de U$S 40 a U$S 200, siendo actualmente el Salario, Mínimo, Vital y Móvil de U$S404, mientras que hasta el 10 de diciembre de 2015 -previo a la devaluación que aplicó el Gobierno de Cambiemos-, el salario mínimo era de 637 dólares.
Un hotel, restaurante o fábrica que abonaba el servicio entre 20 y 30 mil pesos argentinos (U$S 1300 – U$S 2.000) pasó a pagar 80 mil y 120 mil pesos (U$S 5.300 - U$S 8.000) aproximadamente.
UN FRENTE CIUDADANO CONTRA EL EXCESIVO INCREMENTO EN LAS TARIFAS DE GAS
En Bariloche, principal ciudad turística de Río Negro, juntó más de 30.000 firmas para presentar un amparo colectivo, que frene los desorbitantes aumentos en un servicio necesario tanto para vivir en esa región, como así también, para impulsar una de sus principales fuentes de recursos que es el turismo. Aseguran que no pueden recibir a los turistas nacionales y extranjeros sin brindarles las condiciones necesarias de calefacción en la temporada de invierno.
PARTICIPACIÓN HORIZONTAL
La primera reunión desbordó las expectativas y participaron cientos de personas, entre las que se encontraban usuarios, representantes de juntas vecinales, integrantes de cámaras de comercios, funcionarios públicos y periodistas.
Cada uno que pedía la palabra podría expresar sus ideas y era respetado a la hora de hablar. Con el correr de la asamblea se formó un espacio horizontal y se acordó que todos tienen el derecho a estar en algún grupo de pertenencia y expresarlo, ya sea partido político, gremio, institución, religión, sector o ideología y, que en una marcha unificada no se puede pedir “neutralidad” al considerarlo un concepto inexistente si se habla de una expresión ciudadana.
Solicitaron “comprender, asumir y respetar” que cada espacio/sector pueda expresarse con sus símbolos y, que el ciudadano que no se encuentra encuadrado en ninguna organización, puede utilizar la escarapela como símbolo de representación. El encuentro se sintetizó en una frase: “Todos están convocados en la defensa de sus derechos”.
LAS ACCIONES
* Se presentaron amparos colectivos en la justicia y los modelos pueden ser solicitados por otros usuarios afectados e instituciones como municipalidades o cámaras para facilitar su redacción.
* Advirtieron que los titulares de los servicios tienen el derecho de impugnar su factura como muestra de disconformidad, aunque las empresas que brinda el suministro pueden rechazarlas.
* Además, sugirieron que aquellos que tienen el pago con débito automático, deben darle de baja para tener el control de voluntad de pago.
* Solamente se podrá tomar la medida de NO pago cuando alguno de los amparos y medidas cautelares los proteja contra el corte del servicio.
* Se abordó la concepción de que el gas, la luz y el agua son servicios, que vienen por red, y el usuario es cautivo de una empresa, y que la Constitución regula las decisiones sobre ello.
PEDIDO DE SOLUCIÓN POLÍTICA
Entre las medidas políticas que solicitaron los habitantes patagónicos mencionaron el congelamiento de las tarifas hasta el verano de 2017 para dar una solución efectiva a la próxima temporada de invierno.
También plantearon que si lo que se busca es fomentar el consumo responsable y ahorro de los recursos que existan incentivos con descuentos u otras medidas, para todos aquellos que reducen su consumo.
RESPUESTA DEL GOBIERNO NACIONAL: PAGAR EL GAS EN CUOTAS PARA COMERCIOS Y PYMES
El Ministerio de Energía dispuso que se podrá pagar la mitad de las boletas correspondientes al período abril-septiembre y, abonar el otro 50% restante de octubre de 2016 a marzo de 2017 y octubre de 2017 a marzo de 2018. La refinanciación regirá sólo este año, convirtiéndose en una medida excepcional para clientes no residenciales.
En tanto, el Gobierno autorizó una ampliación de consumo de kilovatios en la tarifa social que pasará de 150 a 300 kwh para los usuarios de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, regiones con menor acceso a la red de gas y dependientes del servicio eléctrico.
El incremento de las tarifas puso en debate que un servicio esencial no es un negocio y que una política de subsidios diferenciada sirve como salario indirecto de los trabajadores para afrontar la responsabilidad de pago de los servicios que satisfacen las necesidades básicas de una familia en comunidad, pero además una posibilidad de inversión para las pymes que a través del ahorro reinvierten sus ganancias en maquinaria o mano de obra (empleo).
La eliminación de subsidios a los servicios públicos que implementó la administración de Macri continuará en la justicia, ya que se cuestiona la imposibilidad de pago de los ciudadanos, como así también, la de los sectores que brindan puestos de trabajo a través de sus actividades y, que de continuar con este sistema tarifario, deberán reducir su personal para afrontar el abono de las polémicas facturas.
