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  • Prueba piloto para la privatización encubierta de la salud pública

Por Maria Fernanda de la Quintana*

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 908/2016 firmado a mediados del año pasado,  Macri impusó cambios en el sistema de salud pública. La reforma fue impulsada por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y se encuentra en línea con los programas de ajuste dictados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los laboratorios trasnacionales.  El nuevo sistema denominado Cobertura Universal de Salud ( CUS) se acotará a una “canasta básica de prestaciones” médicas, restringiendo los servicios. De esta forma, se ofrecerá un programa médico “mínimo” y todas las cuestiones que sean de mayor complejidad médica sólo se accederán por medio de la judicialización o se deberá pagar como consumidor. Además, se limita también  la cantidad de tecnologías y medicamentos (rayos, cirugías, etc) que hoy cubre el Plan Médico Obligatorio (PMO) a través de las obras sociales y las prepagas. Cabe destacar también, que el derecho a la salud no se agota con la atención a las enfermedades sino que incluye la prevención, promoción y protección de la salud. 

El acceso al sistema de salud en nuestro país, ya es “público gratuito y universal” desde la gestión de Ramón Carrillo durante el 1er gobierno Peronista.
Recordemos que  el Banco Mundial (BM) impuso, en su política crediticia, la apertura de los “mercados” de salud a corporaciones financieras multinacionales, tales como los seguros privados de salud, atención médica “gerencial” a cargo de entidades prepagas con fines de lucro (Banco Mundial, 1993). 

Esta política se fundamentó en los siguientes reglas ideológicas: 
• La atención de salud es muy costosa. 
• La salud es un tema individual y la atención médica, una mercancía. 
• El estado es por naturaleza ineficiente y su responsabilidad debe ser sólo hacia los que no acceden al mercado. 
• La atención de las capas medias y altas debe ser transferida a seguros privados con fines de lucro. 
• La responsabilidad del estado debe reducirse sólo a la atención de los pobres en “paquetes” mínimos de atención primaria selectiva.

Con  la reforma impulsada por el Gobierno, la transferencia de recursos del sector público pasaría a las empresas privadas de medicina. Pero lo significativo de la propuesta neoliberal de este gobierno es la ponderación que hace del estado de naturaleza y la competencia salvaje como espacio y criterio máximo de justicia. La CGT dispuso de 8.000 millones de pesos del dinero de los trabajadores del FSR que serán afectados "por única vez" a la "financiación de la estrategia de CUS". Lo que demuestra que no hay ninguna inversión sino que se utilizan los aportes genuinos de los trabajadores.

Esta reforma se da en un contexto de creciente inequidad, de fuerte ajuste, despidos, aumento de la pobreza, represión y pérdida de soberanía.  El Gobierno con su política neoliberal apunta a la desfinanciación del Estado, provocando un fuerte endeudamiento público y la salud no es ajena a los efectos de estas políticas de liberalización y encubierta privatización. 
Desmantelar el sistema de Salud, trabajar por el achicamiento del Estado y conceder la administración del sistema al sector privado es parte del objetivo de este gobierno, al igual que fortalecer los grupos privados para que administren los recursos, esto aumenta las vulnerabilidades del derecho a la salud, el cual debe cuidar en forma explícita el Estado, respetando los tratados internacionales de Derechos Humanos.

Maria Fernanda de la Quintana
Periodista.  Licenciada en Ciencias y Humanidades.
Posgrado “Bioética y Derechos Humanos en América Latina”. UBA.- Posgrado Salud, vulnerabilidad y territorio. UBA.-Posgrado “Formulación, diseño y evaluación de impacto en Políticas Sociales”. UBA.- Posgrado “Prácticas de Cuidado e Intervención Socio Sanitarias”.- Posgrado “Sociología de la Alfabetización”.  UBA

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