Lucha e invisibilización de la protesta en la Argentina

El gobierno de Macri, indiferente a las protestas que se repiten desde que asumió, al menos frente a los medios; no así a la hora de abonar salarios y de sostener los derechos de la población a la salud, a la educación y al trabajo. Sectores de salud pública, educación y trabajo del Estado están siendo desmantelados. La pérdida de derechos, una constante en la vida de los argentinos. 

El Hospital Posadas y el desmantelamiento de los programas sociales

El viernes 8 de abril se realizó una protesta frente a la Municipalidad de Morón, provincia de Buenos Aires, como respuesta a las políticas de despidos que viene adoptando el intendente de esta localidad, Ramiro Tagliaferro, en el marco del paquete de políticas de ajuste y despidos que, desde la gobernación de María Eugenia Vidal, viene aplicando el municipio sobre los trabajadores de distintas dependencias estatales. Luis, de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de Morón y trabajador del Hospital Posadas, nos cuenta que ya son  641 los despedidos allí, y que “se esperan otros 600 telegramas”, destinados a trabajadores contratados y también de planta permanente.

Despidos masivos, precarización de las condiciones laborales de aquellos que mantengan su puesto de trabajo, criminalización de la protesta, persecución ideológica, son sólo algunas de las medidas impulsadas de forma criminal por el gobierno nacional. Cada despedido es una familia que queda sin sustento; una nueva angustia que se suma a la ya desesperante situación que se vive en la Argentina desde que asumió el presidente Mauricio Macri. Pero además, en el caso del Posadas, significa una grave pérdida de derechos en materia de salud para el pueblo: en este hospital -que es, además, un centro de formación y docencia- se atiende gran parte de los habitantes del conurbano bonaerense, y además se recibe gente de países limítrofes. La hasta ahora asegurada gratuidad de la salud en la Argentina está a punto de perderse: el objetivo del paquete de medidas es privatizar determinados sectores y comenzar a cobrar un bono a los pacientes.  

Romper el blindaje mediático no es tarea sencilla: los medios casi no mencionan las protestas, y si lo hacen es para apuntar contra los trabajadores, acusados de cobrar sueldos sin trabajar, de “vagos” o “ñoquis”, aunque en la gran mayoría de los casos, los despedidos siguen cumpliendo con sus funciones, sin cobrar su salario. Con el objetivo de visibilizar esta situación, se realizó un festival, del que participaron distintos grupos artísticos de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Por otra parte, un grupo de trabajadores realiza un acampe en el predio del hospital, que se encuentra vigilado las 24 horas por Gendarmería, de acuerdo con órdenes de su director, Alberto Díaz Legaspe. Los trabajadores denuncian también que automóviles sin identificación suelen seguirlos cuando se trasladan desde el hospital a sus hogares.

El Posadas cuenta también con un jardín de infantes, que fue cerrado, con lo cual 250 chicos quedaron sin jardín y preescolar. Y tenía también su propio laboratorio, donde se elaboraban medicamentos básicos -que eran entregados gratuitamente a los pacientes allí atendidos, ya fueran ambulatorios o internados-, y que fue prácticamente desmantelado. “Ustedes no entran más a trabajar. El día que necesitemos más gente, publicamos un aviso en Internet para reclutar trabajadores”, fueron las palabras del director frente al reclamo.

Al mismo tiempo, los nuevos sectores del hospital, inaugurados por Cristina Fernández de Kirchner en sus últimos días de gestión, requerían de 650 empleados nuevos. Una maternidad y un albergue con capacidad para hospedar a 10 familias mientras la paciente permanece internada, fueron desmantelados también. Ni siquiera puede ofrecerse una atención adecuada a las urgencias, por falta de insumos y de personal. Esta situación no hace más que resaltar las políticas que se llevaron adelante en la gestión anterior, de crecimiento y desarrollo. 

Trabajadores de Niñez y Juventud de Morón en Lucha

Un comunicado del sector de Niñez y Juventud del partido de Morón, que también ha sido criminalmente desmantelado, indica:

“[…] Desde la asunción de la nueva gestión hasta la fecha, este colectivo ha participado de distintas mesas de diálogo con las nuevas autoridades de la Dirección de políticas de Niñez y Juventud: la Sra. Directora, Antonella Belleri, la Coordinadora General, Mónica Pasos, y la abogada, Susana Picón.

En estas mesas de diálogo hemos transmitido los fundamentos teórico-metodológicos y sustentos legales bajo los cuales funcionan los distintos dispositivos de la Dirección de Políticas de Niñez y Juventud, dispositivos que fueron los mayormente afectados por los resientes despidos: Las tres Casas de la Juventud (Palomar, Morón Sur y Castelar Sur); el Programa Chicxs por Menos Calle; los Consejos de Niños y Niñas; los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos; y el Centro de Desarrollo Infantil ‘Atrapasueños’ (Barrio Carlos Gardel).

Estos proyectos se inscriben en el marco de la ley Provincial 13.298 de Promoción y Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la cual establece que el Estado debe promover, prevenir, asistir, proteger, resguardar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes en pos de su interés superior, favoreciendo la contención dentro de su entorno familiar, social y comunitario, con el objetivo principal de asegurar el efectivo goce de sus derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y demás tratados de Derechos Humanos ratificados por el Estado Argentino. Allí donde el sistema excluyó y el Estado intervino autoritariamente sobre las infancias pobres a través de metodologías tutelares, paternalistas y discriminatorias es donde se considera prioritario el desarrollo de una política pública acorde con los fundamentos y el espíritu del nuevo paradigma, que permita la construcción colectiva de sujetos críticos y la restitución de los derechos fundamentales para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes”.

Hasta el momento, la situación de estos trabajadores no ha sido esclarecida, y los supuestos beneficiarios de los programas conforman hoy el grupo de “los nuevos olvidados del Estado”. 

Laura y una lucha de toda la vida

La madre de Laura Leguizamón está desaparecida desde la dictadura que gobernó al país entre 1976 y 1983.  Laura trabaja en el Jardín de Infantes N° 938 “Mariano Moreno”, y mientras tanto, está culminando la carrera de Trabajo Social. Según sus compañeras de trabajo, es “la resiliencia personificada”. Si hay que cocinar para los chicos, es la primera en ofrecerse a hacerlo. Este no es un dato menor, porque la escuela está ubicada en un barrio carenciado, donde muchos de los chicos ya no pueden alimentarse correctamente. Además, Laura es la presidenta de la cooperadora –elegida desde hace ocho años por las familias del jardín–; cocina, organiza la feria de ropa, que Laura lava, plancha y dobla, cocina; y hasta hace dos años, llevó adelante la biblioteca “Mujeres en lucha”, un espacio de contención y formación que ofrecía apoyo escolar y psicológico para los vecinos del barrio. A diario, alguien llama a la puerta de su casa para pedirle algo, y nunca se va con las manos vacías. Siempre atenta a las necesidades de quienes la rodean, a Laura este mes le descontaron más del 70% de su salario, como a muchos de sus compañeros que cumplen funciones como personal auxiliar en escuelas. ¿La razón? Estar afiliada al sindicato que los agrupa. Las medidas aplicadas por la gobernadora María Eugenia Vidal, que implican el descuento de los días no trabajados por haber adherido a las protestas (protestas que no hacen más que repetirse desde el 10 de diciembre de 2015, debido a las medidas antipopulares que aplica este gobierno desde que asumió), no contemplaron que esta mujer, como muchas otras, no adhirió al paro.

No hay campos de concentración, ni secuestros, ni picanas. A este gobierno le basta con atacar con la indiferencia más cruel para desaparecer mágicamente a quienes se le oponen o a quienes ni siquiera se oponen, sino que sólo sufren. No hay dinero para paliar el desastre de las inundaciones en el Litoral, ni para programas sociales, ni para pagar sueldos, ni para el acceso popular a la cultura. Los nuevos desaparecidos son los no escuchados; son los jubilados a los que ya no les alcanza para comer ni siquiera dos veces por día; los niños no vacunados; los pacientes desatendidos en hospitales públicos como el Posadas; es Laura Leguizamón. 

Esta nota fue elaborada a partir de entrevistas realizadas por Walter Taboada y Nadia Severo, y de declaraciones realizadas por los trabajadores en el espacio de la Mesa de Defensa del Mercado y el Trabajo Interno de Ituzaingó.