Legitimidad histórica de la lucha docente

Hasta mediados de los años sesenta el sindicalismo docente era limitado; todavía estaba vigente la mentira de que la docencia era una vocación en vez de una profesión. Pero la nacionalización de las capas medias de la sociedad involucró en la lucha política y gremial a vastos sectores antes presos de las falsas categorías de la semicolonia. Ahora, la militancia en el sindicato ya no era sólo cosa de "cabecitas negras", sino un valor cultural redescubierto por la clase media. La confluencia entre trabajadores y estudiantes brilló en las calles de la Córdoba rebelde de 1969 contra un gobierno que aplicaba una política económica similar a Macri.

La Reforma Universitaria resucitaba como rebelión popular contra la dictadura del capital extranjero y los dueños de vacas. El resultado fue la reconquista de la democracia en 1973 y una experiencia nacional y popular en el poder que se malogró por el fallecimiento del General Perón y la imposibilidad de mantener unido el frente de clases inaugurado en 1945. El resultado trágico fue la larga noche de la tiranía cívico-militar de Videla y Martínez de Hoz.

De 1983 a 2001 el movimiento obrero organizado retrocedió y se dividió, pero sobrevivió y colaboró en la rebelión popular contra De la Rúa. La heroica lucha de CTERA con la Carpa Blanca durante el menemismo fue el símbolo de una época oscura para la educación pública, marcada por la Ley de Educación Federal y la aun vigente Ley de Educación Superior.

Al asumir el gobierno del pueblo en 2003, la primera medida del presidente Kirchner fue solucionar el conflicto salarial docente en Entre Ríos. La Ley de Educación Nacional sustituyó en 2006 a la lamentable Ley Federal de Educación bancomundialista. La Ley de Financiamiento Educativo nos puso otra vez en el camino de la educación nacional, inclusiva y democrática: la inversión educativa se ataba al crecimiento del PBI; exactamente lo contrario a la dictadura de Temer en Brasil -que congeló por veinte años el gasto público- y el gobierno de Macri que desinvierte en educación.

Sin embargo, la Ley de Educación Superior bancomundialista no fue reformada.

En este marco histórico de recuperación y conquista de nuevos derechos, los docentes universitarios -organizados en distintas federaciones de trabajadores-, lograron un blanqueo salarial completo y finalmente un Convenio Colectivo de Trabajo que es el primero de la historia argentina y latinoamericana. Hoy, todo eso, junto a la universidad pública está en peligro por el ataque macrista.

Macri paga cuatro veces más a los usureros de la deuda externa que el presupuesto destinado a la universidad pública. Por eso ajusta. Además, la administración semicolonial del país en que se ha convertido su gobierno ceocrático detesta por principio el mecanismo de ascenso y movilidad social que representa la universidad gratuita y estatal: para el Presidente la educación pública es una "caída", y para la Gobernadora bonaerense, los pobres no llegan a la universidad; frase que, como dice el dirigente estudiantil mendocino Lisandro Vergara, más que un diagnóstico es una política del gobierno de Cambiemos.

Al igual que la contrarrevolución fusiladora de 1955 que se hizo "para que el hijo del barrendero muera barrendero", el gobierno macrista ha venido para la Argentina débil y reprimarizada muera pobre y colonizada, sin educación pública para todos y sin destino en el mundo moderno de la tecnología, la ciencia y la técnica.

Por eso, la lucha docente por el salario digno -que busca la retribución justa del trabajo humano de enseñar, investigar y estudiar-, adquiere una legitimidad histórica crucial: ser el detonante de la movilización de las clases medias encabezadas por el movimiento estudiantil y universitario, que se abracen con el resto del movimiento obrero organizado y el pueblo argentino en lucha contra la dictadura macrista del capital especulativo y el interés extranjero.