El Rol de la Intervención Estatal en la Prestación del Servicio de Comunicación Audiovisual en la República Argentina

Problema:

Cuando citamos al Estado en alusión a su función como regulador de la vida ciudadana, en oportunidades se nos presenta la sensación de coerción como una extralimitación de las facultades conferidas al Poder Supremo por el Poder Soberano.

Ahora bien, la “coerción” aplicada dentro del marco normativo (el Estado también tiene sus limitaciones) es un recurso aceptado en Democracia para asegurar a la sociedad la igualdad en el ejercicio de los actos de gobierno.

A través de las lecturas del Curso: Los Medios de Comunicación como Actores Políticos. Desafíos para el análisis actual en sociedades latinoamericanas, se ha demostrado que la figura “poderosa” del Estado -facultado incluso para utilizar la coerción- no puede mantenerse de manera permanente. Varios actores intervienen modificando su situación de fortaleza.

El Gobierno de turno, como Actor interno, puede debilitar al Estado de diversas formas: inobservancia a las normas, utilizando inadecuadamente sus recursos y estructuras, u otras; es decir, con ineficiencia administradora.

Pero hay otros actores, externos, de alto poder concentrado, como ciertos Medios de Comunicación que con información deformada, omisiones y la utilización de argumentos o teorías  que utilizan para explicar verdades universales, también pueden debilitar al Estado y sus Instituciones. “… no es inusual que luego se las convierta en verdades universales a las que se acude cómodamente para explicarlo todo.” Varela M. (2013)

¿Podrá la Intervención Estatal en el nuevo marco normativo para la Prestación del Servicio de Comunicación Audiovisual en la República Argentina desempeñar un rol con equidad y eficiencia, y a su vez, contrarrestar los intentos de ciertos Propietarios de Medios que con falsa información descalificadora pretenden ser actores políticos?

Descripción:

El reemplazo del tipo de lucha fragmentada contra los “abusos” del poder corporativo por otro de articulación horizontal, dio sus frutos para que gobiernos en América Latina de “corte popular”, recuperaran y aplicaran conceptos casi olvidados como los de igualdad y libertad.

Con el comienzo del nuevo milenio la inusual  forma de hacer política  sorprendió tanto a las Mayorías -generalmente excluidas- como también a las Minorías, representadas por Grupos -siempre presentes- de “poder concentrado”.

Con esta nueva forma de hacer política se obtuvieron logros indiscutidos en rubros postergados por décadas, como aquellos de carácter económico, social, cultural, étnico, sexual e institucional. Realmente un cambio que el presente reconoce y la historia se encargara de registrar.

En la Republica Argentina, la magnitud de los cambios logrados a favor de las mayorías provoco temor en distintos centros del Poder Corporativo. Los Medios de Comunicación, ante la amenaza de pérdida como formadores de opinión, una vez más, se presentaron ante la sociedad como “paladines de la justicia”, para emprender una nueva lucha por la supremacía. “Entre estos actores están las corporaciones mediáticas constituidas en la mayoría de los casos como grandes monopolios de la información y del entretenimiento. La avanzada de gobiernos que restituyen derechos políticos, sociales, culturales, incluso sexuales es vista por los  grandes monopolios mediáticos como una gran amenaza”. Saintout F. (2013).

Así las cosas, luego de “mas de una década ganada”, aparece la necesidad de consolidar los logros alcanzados en un Modelo Político que prioriza a las mayorías. El desafío de los Medios de Comunicación al Gobierno, no debería minimizarse.  “Lo que aparece en juego es la disputa por quiénes son los que gobiernan: si es la política o el mercado con nombre de medios de comunicación.” Saintout F. (2013).

 Con la normativa para la regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, en nuestro país Ley 26.522/2009, sumado a ello el avance tecnológico, existe una oportunidad de reconvertir la Intervención Estatal para que su Misión ya no sea solamente la de un dispositivo “de propaganda gubernamental”, sino la de un ente regulador que brinda información como un “servicio público”. (Becerra M. 2013).

Análisis:

De acuerdo con las observaciones de Florencia Saintout (2013) el “Poder Concentrado” eligió para  “travestirse”  el atuendo de los Medios de Comunicación, mostrándose a través de ellos con una imagen protectora de las libertades y la democracia, ocultando su verdadera figura desestabilizadora y hasta golpista en algunos casos, para defender “intereses corporativos”.

La reproducción del Capital y la maximización del beneficio para unos pocos, no es un principio “exclusivo” del sistema capitalista. En el colectivismo, según cita Alvin Toffler (1980) ¹, Lenin afirmó que “las grandes empresas, trusts y asociaciones empresariales habían llevado a su más alto grado de desarrollo la técnica de la producción en serie”. Su primera orden después de la Revolución Soviética fue “consolidar la vida económica rusa en el menor número posible de las más grandes unidades posibles.” Luego, Stalin se encargaría de ejecutar la orden.

La concentración de poder y riqueza –generalmente en detrimento de las mayorías- aparentemente se ve facilitada con el fenómeno de la Globalización. La concentración de riqueza es una anomalía económica que no se encolumna detrás de ideología alguna, ni tampoco es exclusiva de rubro en particular. Los Medios de Comunicación Audiovisual  no son ajenos a esta problemática.

Florencia Saintout (2013) cita que en varios pasajes de sus discursos la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner menciona que los gobiernos populares en la región “se parecen a sus pueblos”, en clara alusión a que representan los intereses de las mayorías y no los de las corporaciones al servicio de la reproducción del capital para unos pocos.

¹ Alvin Toffler, autor de La Tercera Ola, libro que con aire futurista describe la historia de la humanidad, transmitiendo razones de optimismo sobre el cambio social que se viene.

 

Desde el año 2003, las políticas aplicadas por el Gobierno Argentino para implementar un Proyecto Popular afecto intereses de diversos Grupos de Poder, lo que le acarreo luchas en varios “frentes”, siendo tal vez su caso mas emblemático aquel que mantuvo con los Empresarios del sector Agropecuario por la aplicación de la Resolución 125 del Ministerio de Economía, alcanzando ribetes especiales cuando la información y su forma de comunicarla pretendieron dividir a la sociedad, ocultando los verdaderos “intereses e ideologías en pugna”.

Un eje relevante del caso, es aquel que Lila Luchessi (2013) destaca cuando los medios tradicionales difundieron el interés sectorial caracterizándose como “el campo”, cuando en realidad se trataba de un lockout agropecuario. “Dentro de esa categorización, que se construyó universalizada, se expresaron los intereses y posicionamientos de un sector de la sociedad, enfrentado con el gobierno y encolumnado detrás de una protesta que no necesariamente daba cuenta de sus intereses.” “En ese universo quedaron excluidos los trabajadores rurales, los pequeños chacareros, los movimientos sociales y los adherentes al gobierno.” El Gobierno, fue presentado como el “generador” de un conflicto que durante 126 días mantuvo al país con problemas de desabastecimiento, rutas cortadas y manifestaciones a favor y en contra, con opiniones de los diversos sectores que “dieron por tierra con la objetividad periodística.”

En este conflicto que el Gobierno Nacional mantuvo con los empresarios agropecuarios en el año 2008, “comienzan a forjarse nuevas formas de producir periodismo” (Rubiano y Koziner; 2010). (Luchessi L. 2013).

En el último lustro, varios gobiernos de la región propusieron cambios en la política de medios a través de “un mayor grado de intervención del Estado en la regulación y ciertos controles relativos a los niveles de concentración de la propiedad.” (Becerra M. 2013).

Las Corporaciones de Medios, “No van a resignarse a perder poder, material pero también simbólico, ese que es “capaz de hacer cosas con palabras”, como tan simplemente lo definiera Pierre Bourdieu.” Saintout F. (2013).

Este análisis certero de Florencia Saintout… ¿debería entenderse como un llamado de alerta para optimizar el rol del Estado y sus Instituciones, y “acelerar” la construcción de la tan mentada Sociedad de la Información y el Conocimiento?

Al respecto, cuando Mirta Varela (2013) nos propone relacionar la teoría y la historia de los medios, lo hace con el  objetivo de pensar problemas que se presentan como “urgentes en el presente.” Para ello, nos induce a pensar sobre tres hipótesis de la relación entre Medios y Estado que “determinan los debates sobre políticas comunicacionales.”

Las tres hipótesis desarrolladas se encuentran vinculadas con el tema que nos ocupa: el Rol de la Intervención Estatal  y su relación con los Medios de Comunicación Audiovisual.

Con el objeto de encontrar pautas para responder al problema planteado, reflexionaremos sobre cada una de ellas. Las citamos:

1.  Origen de la prensa política moderna.

2.  Surgimiento de una prensa comercial y de empresas de comunicación.

3.  La contraposición entre sistemas de medios públicos y sistemas controlados por el Estado.

Con respecto al primer punto, la hipótesis de un diario político que se “constituye en órgano representativo de los intereses de la sociedad frente al Estado” se demuestra como un mito, en tanto la opinión pública se construía con tiradas de “1000 ejemplares y contenidos de origen clasista que se desarrollan en función de los intereses económicos y políticos de los fundadores de diarios.” Varela Mirta (2013). Este relato, extraído de la historia, ha cambiado en la cantidad de ejemplares y en la incorporación de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTICs); en lo demás, los intereses de la ciudadanía quedarían sujetos al voluntarismo clasista (Poder Concentrado).

Esta demostración de la hipótesis nos indica una pauta. Como corolario, la relación entre Medios, Estado y Gobierno no debe ser una alianza para vituperar. La relación debe ser  articuladora para brindar un “servicio publico” de información a la sociedad.

En el transito adecuado por esa línea “tan delgada” de la relación articuladora estará representada la equidad, primera característica del rol que deseamos para la Intervención Estatal en la pregunta que nos formuláramos.

La igualdad -derecho tan anhelado- en la relación podrá verificarse y cuestionarse si es necesario. “Legitimación. Toda persona que acredite interés podrá requerir a la autoridad de aplicación competente el cumplimiento por parte de los servicios de comunicación audiovisual de las obligaciones previstas en esta ley.” (Ley 26.522-Art. 2°).

De acuerdo a lo establecido en la Ley 26.522/09, “la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes resulta una actividad social de interés público, en la que el Estado debe salvaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión.” Esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009), reemplaza a normas que por decreto-ley fueron adoptadas por gobiernos dictatoriales (1980). No obstante, surgieron fuertes criticas a la injerencia Estatal, a pesar de que el “nuevo modo de intervención estatal”, comparado, por ejemplo con la legislación francesa, “continua siendo exigua”. M. Becerra (2013)

Uno de los objetivos en la nueva regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual es el de promover el acceso a la diversidad y la universalidad, creando una plataforma tecnológica con posibilidades de brindar información heterogénea a todos los ciudadanos. En esa plataforma de comunicación, los Medios podrán informar libremente sobre los intereses de la sociedad,  pero ya no constituyéndose como “órgano representativo” ante el Estado, puesto que el Estado estará presente en esa misma plataforma con el deber de contrarrestar o asumir las imputaciones que por sus actos de gobierno se le efectúen. El Estado no tiene entre sus atributos cogobernar ni delegar el poder a través de alianzas espurias.

Al respecto de la presencia del Estado, es del caso destacar la intervención de Ana Soledad Gil, en Foro Clase_2-Becerra, cuando expresa su duda sobre “como se relacionan con esto, las políticas de comunicación y/o los nuevos marcos legales?”, pero seguidamente es categórica cuando observa que “con que las nuevas leyes y políticas "dicen" una cosa y los medios siguen haciendo, prácticamente, lo mismo que antes de estas leyes  y políticas”. Esta “asignatura pendiente” de la presencia del Estado, debe corregirse a favor de la eficiencia buscada.

En la Gestión Estatal  debe evitarse la vinculación (directa o indirecta) con una facción de poder, en tanto que la relación nacería “…en el seno de una situación condicionante...” Varela M. (2013). Del grado de equidad que se obtenga en esa relación con los Medios de Comunicación Audiovisual (cualquiera fuere su tipo de Gestión) dependerá la igualdad. La pauta que se desprende entonces, será producir verificando la autenticidad de la información y, de así corresponder, canalizar a través de las Autoridades de Aplicación las medidas de acción correspondientes. La Intervención Estatal -que se pretende equitativa y eficiente- debería practicar una regulación de tipo “articuladora” en su relación con los Medios (estatales o privados, con o sin fines de lucro).

En el segundo punto, Mirta Varela (2013) previamente se refiere a grandes propietarios de tierras para los cuales un diario no generaba un interés económico en sí, sino un instrumento de difusión para formar opinión y favorecer intereses de clase. También nos cita una circunstancia común en el empresariado de Medios: la emergencia.

Esta situación invocada –la emergencia- cuando se atiende en la esfera publica es “afrontada” con el “desplazamiento de intereses” que afecta la relación de los Medios con el Estado, y por supuesto, con la ciudadanía. “…la protección estatal se torna cada vez más importante –a veces inclusive indispensable- para el desarrollo de una infraestructura técnica de comunicación y,…” Varela M. (2013)

A través del análisis de esta segunda hipótesis arribamos a conclusiones similares que en la primera. El rol de la Intervención Estatal debe ser la de un actor cuyo “libreto” no debe apartarse de su función como “eje articulador de la escena pública periodística” y la “protección” Estatal con equitativa y eficiente acción reguladora. Varela M. (2013)

Por ultimo, el tercer punto de reflexión, que “se basa en el presupuesto de que existen sistemas de medios fundados en el interés ciudadano, independientemente de los gobiernos que se sucedan”, en un contexto donde los medios estatales y privados se contraponen, Mirta Varela (2013) llega a la conclusión de que la hipótesis es un “ideal Republicano”.

Es para tener en cuenta el concepto de Mirta Varela cuando nos señala las oposiciones entre prensa política/prensa comercial, y medios estatales/medios privados, apuntando que el Rol del Estado debe estar diferenciado en cada caso.

Esta diferenciación que debe realizar el Estado, puede que transforme la utopia del “ideal Republicano” en una aproximación hacia el, lo que no seria algo menor.

Este acercamiento al sistema ideal estaría cerca de asumir “la ética de las convicciones” sin “quedar atrapado en las relaciones de fuerza y los dilemas de la ética de las responsabilidades”. SIDICARO Ricardo (2009) ².

En definitiva, los tres puntos nos conducen a que la equidad de la Intervención Estatal se vería beneficiada con una acción reguladora sin vinculaciones con partidos políticos, sectores del poder corporativo, ni organizaciones sin ánimo de lucro.

Otra derivación del análisis efectuado, nos indica la conveniencia de una Intervención Estatal con acciones articuladoras que orienten a los distintos Medios de Comunicación Audiovisual hacia la construcción de una plataforma de acceso a la diversidad y la universalidad de la información.

Para el caso de la Gestión Estatal  la nueva normativa (Ley 26.522/09) establece que el Prestador de Servicios podrá ser Persona de derecho público estatal y no estatal (Art. 21°, Inc. a), para lo cual el marco normativo en ambos casos será diferente. Punto relevante este.

Las nuevas figuras que crea la Ley para la regulación, control y producción del servicio son: la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual,  el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual y Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, por lo que se vaticina garantías suficientes para un Control de Gestión que verifique la equidad.

² Sidicaro, Ricardo (2013) Artículo publicado en el diario Pagina 12, donde su autor destaca las convicciones con respecto a la conciencia cívica y la perseverancia democrática de don Raúl Alfonsín, cuando casi nadie se había percatado que la R.A. prácticamente no tenia ESTADO, solo “los restos” que el gobierno de facto había dejado.

 

Finalmente, agregar que el tipo Intervención Estatal con Gestión Estatal tiene un camino para no “quedar atrapado en las relaciones de fuerza”, la ética, para lo cual el Cgo. De Ética de la Función Publica ³ brinda óptimas herramientas como definiciones, principios, alcances, impedimentos y también sanciones.

Hasta aquí, un somero análisis de factibilidad sobre la equidad en la Intervención Estatal.

Nos queda pendiente el tratamiento de la eficiencia, necesaria en la construcción de metas para alcanzar los objetivos que se tracen en esta Misión. En Administración se entiende por eficiencia a la utilización de menos recursos para lograr un mismo objetivo. O por el contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menores recursos. Por ambos caminos, podemos decir que alcanzamos los objetivos trazados.

Podríamos concluir con el análisis de la eficiencia en la Intervención Estatal, imaginando una dependencia dotada de personal profesionalizado, y capacitado no solo en los saberes propios del rol que le toque desempeñar en cada puesto, sino también en aquellos conceptos que Peter Senge (1990) denomina como disciplinas centrales en una Organización Inteligente (en nuestro caso, el Estado).

³  (Decreto N° 41/99). Presidencia del Dr. Carlos S. Menem [sic].

 

La desconcentración en la propiedad de medios -en gran medida producida por la convergencia digital- también prevista en la ley 26.522, es el tema que mayor crítica ha provocado en el sector empresarial, pero seguramente el de menor respaldo para elaborar un argumento en defensa de la práctica monopólica. “El efecto de la convergencia -que es un proceso en curso- seguramente se extenderá más allá de la actual coyuntura regulatoria y será un desafío a contener aún desde otras perspectivas, pero lo cierto es que en los últimos años la combinación entre nueva regulación,  concentración y convergencia fue la tónica de evolución del sector.”  Martín Becerra, en Foro Clase 2-Becerra.

El acceso en la producción de información con otorgamiento de licencias a actores impensados hasta el dictado de esta ley, es otra de las innovaciones: Las Organizaciones sin ánimo de lucro.

Esta inclusión provoco “…en muchos casos el enfrentamiento directo entre el gobierno y los grupos comerciales de medios de comunicación.” Becerra M. (2013)

Por otra parte, la igualdad, principal baluarte en la libertad de expresión no se vería afectada porque organizaciones sin fines de lucro intervengan en un mercado de oferta y demanda. ¿O acaso en el Mercado no intervienen también actores que trabajan liquidando sus bienes o servicios al costo, o incluso a perdida? Uno de los requisitos del Mercado de competencia perfecta es la numerosa intervención de ofertantes y demandantes para que ninguno de ellos de manera individual ejerza influencia decisiva sobre los precios. Con este concepto, deducimos que con la mayor intervención de productores de información se estaría colaborando con el ideal de la competencia perfecta. Otro beneficio para las mayorías. “…ni la nueva impronta comunicacional de muchos de los gobiernos latinoamericanos ni la regulación audiovisual de nuevo cuño en la región constituyen amenazas a la libertad de expresión cuando, por el contrario, uno de sus objetivos explícitos es ampliar sus contornos más allá del sector lucrativo, garantizando el acceso a licencias de radio y televisión a organizaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro.” Becerra M. (2013)

Con el análisis realizado parece necesario intentar una nueva respuesta a la pregunta realizada por Miriam y Marcelo – Foro de la Clase 1.b, sobre la relación que deben tener los Estados Nacionales con los Medios de Comunicación Audiovisuales.

La construcción de un nuevo arco donde la atención del Estado ya no se realice solamente de acuerdo a parámetros de mayor presencia o prescindencia, aspira a ser la respuesta. Posiblemente la mayor o menor atención del Estado debería ocurrir en forma cualitativa antes que cuantitativa. El rédito de una Empresa de derecho público o privado, con o sin fines de lucro, que brinda un Servicio Publico debe medirse prioritariamente por su calidad (eficiencia). La Intervención Estatal posiblemente deba acentuar lo atractivo de la producción como un valor agregado al contenido.

Conclusiones:

¿Quién gobierna las cosas?” es una pregunta típica.  No es el momento de agregar incógnitas, pero si para reflexionar que en la actualidad el ciudadano no se comporta como antaño “cuando el harapiento aldeano, al levantar la vista de los campos, veía el palacio o el monasterio destacarse, esplendorosos, en el horizonte. No necesitaba ningún científico político ni editorialista de periódico para resolver el enigma del poder. Todo el mundo sabía quién tenía el control.” Toffler Alvin (1980)

Hoy el poder se presenta confuso e indefinido. No debemos confundirnos. La institución Estado es quien representa a las sociedades. El poder de quien regula las interacciones entre ciudadanos, no sólo de bienes y servicios, que deben ser meticulosamente intercambiados, sino también del importante volumen de información, y, por supuesto “entender” en la forma de comunicarla.

Compartir la información en lugar de retacearla, deformarla o utilizarla con fines sectoriales resulta prioritario para consolidar un Modelo de Gestión para las Mayorías, y posiblemente el principal requisito para construir la tan citada Sociedad de la Información y el Conocimiento, clave para emprender el camino que facilite la solución de luchas políticas y sociales que todavía existen en la mayoría de las sociedades.

La nueva Ley de Medios de Servicios Audiovisuales, con una Intervención Estatal equitativa y eficiente y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen una oportunidad para fortalecer al Estado y disminuir las desigualdades que afectan a las Mayorías.

“Si no aprendemos de la Historia, nos veremos obligados a repetirla. Cierto. Pero si no cambiamos el futuro, nos veremos obligados a soportarlo. Y eso podría ser peor”. Toffler Alvin (1980).